La diputada Dessire Angel Rocha de la representación parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, formuló una propuesta de reforma a la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de que se impulsen procesos y proyectos que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+.
De igual manera, para que se cuente con un Anexo Transversal específico con el objetivo de evaluar el gasto público en la materia y favorecer su seguimiento, evaluación y transparencia; así como una modificación que propone la ampliación presupuestal al Proyecto P2969 “Servicios, mantenimiento y conservación en unidades médicas de segundo nivel de atención” a cargo del Instituto de Salud Pública del Estado.
La congresista detalló que las poblaciones LGBTIQ+ han sido profundamente discriminadas en la entidad y en general en el país. Precisó que, según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, el 92% de las personas LGBTIQ+ tuvieron que esconder su orientación sexual y/o identidad de género de su familia debido a los estereotipos y a la discriminación que permean en torno a la diversidad sexual.
Agregó que, en Guanajuato, de 2015 a 2020, se documentaron al menos 18 crímenes basados en prejuicio. También refirió que ese grupo ha sido discriminado históricamente y que personas de la comunidad señalan que se les ha pedido ocultar su orientación sexual o su identidad de género para ser atendidas en el sector salud, pues las personas médicas abordan a pacientes LGBTIQ+ y despliegan prejuicios o prenociones en el acto clínico.
“Discriminación, violencia incluso letal, exclusión de espacio educativo, laboral y de servicios médicos, son tan solo algunas aristas de la problemática que debería atender un enfoque presupuestal que atienda a la población LGBTIQ+ en Guanajuato”, enfatizó Angel Rocha.
La legisladora habló de la sentencia emitida por las autoridades judiciales sobre el amparo en el que se reclamó la ausencia de una partida presupuestal destinada a impulsar procesos y proyectos que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTI.
En ese sentido, dijo que en dicho documento se indica que las autoridades material y formalmente legislativas deben legislar con perspectiva de género, y que ello no implica solamente observar el rol binario de hombres y mujeres, sino también de la diversidad sexo genérica.
Al respecto, subrayó que de no proponer y aprobar un anexo presupuestal que contemple a las personas LGBTIQ+ guanajuatenses, el Congreso estará reiterando la discriminación y la violencia institucional por el incumplimiento de dos sentencias que le dan la calidad de autoridad responsable de resarcir el acto reclamado mediante la inclusión de partidas presupuestarias destinadas a esa población.
Finalmente, Angel Rocha argumentó que se busca que las dependencias centralizadas, descentralizadas y organismos autónomos constitucionales identifiquen en sus presupuestos las asignaciones presupuestales del ejercicio fiscal actual con el que cuentan y las acciones que ejercen en favor de la diversidad sexual y género, para que se impulsen procesos y proyectos que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ y que se cuente con un Anexo Transversal específico con el objetivo de visibilizar el gasto público en la materia y favorecer su seguimiento, evaluación y transparencia.
De igual manera, adicionar un régimen transitorio para que dentro de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023 y subsecuentes, permanezca dicho anexo, que describa los programas, proyectos y acciones enfocadas a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ como medida urgente para su atención e incluir la ampliación presupuestal de Proyectos P2969 “Servicios de mantenimiento y conservación en unidades médicas de segundo nivel y atención”, a cargo del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.