Las diputadas que integran la Comisión de Responsabilidades radicaron la solicitud y constancias contenidas en el dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativas a la solicitud de revocación de mandato en contra del ciudadano Rodrigo Ignacio Martínez Pérez, regidor del ayuntamiento de Jerécuaro.
También se tomaron acuerdos para la substanciación del procedimiento de revocación de mandato. En ese sentido, se emplazó al ciudadano Rodrigo Ignacio Martínez Pérez, como denunciado, a efecto de que en el término cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, manifesté lo que a su interés convenga con relación a la denuncia formulada en su contra.
Asimismo, se requirió al ciudadano mencionado para que designe defensor y señale domicilio en la ciudad de Guanajuato capital para recibir notificaciones y documentos, así como a las personas que autorice para tal efecto.
De igual manera, se le corrió traslado al ayuntamiento de Jerécuaro, para que, por conducto del síndico del ayuntamiento, se manifieste en relación con la denuncia dentro del término de diez días hábiles.
Además, acordaron comunicar a las partes involucradas que la Secretaría General del Congreso actuará como oficialía de partes, a través del sistema de firma electrónica certificada, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas; y que se le notifique el presente acuerdo al ciudadano Rodrigo Ignacio Martínez Pérez. También acordaron habilitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que realice las notificaciones correspondientes.
En otro punto del orden del día, dieron seguimiento a la solicitud de revocación de mandato en contra de la ciudadana María Llerena Nieto Olvera, regidora del ayuntamiento de Santa Catarina.
Una vez visto el estado que guarda el proceso de revocación de mandato y en atención a que concluyó el periodo probatorio que fue otorgado a las partes, para ofrecer los medios de convicción de su interés, sometieron a discusión y aprobación el proyecto de acuerdo recaído al ofrecimiento y desahogo de las pruebas de las partes relativos al citado procedimiento.
Al respecto, la congresista Alma Edwviges Alcaraz Hernández se pronunció en contra de la no admisión de las pruebas testimoniales a cargo del secretario del Ayuntamiento y del Dr. Francisco Javier Meraz Meraz, ya que no forman parte del Cabildo.
De la misma manera se refirió a la no admisión de las documentales consistentes en constancias médicas por estar relacionadas con los hechos. Alcaraz Hernández consideró que en ambos casos no existe fundamentación ni motivación suficiente para no ser admitidas, por lo que solicitó su admisión.
Por su parte, la legisladora Angélica Casillas Martínez precisó que el ofrecimiento de las pruebas testimoniales que se refieren al secretario y al médico, anteriormente citados, no cumplen las reglas para en su momento ser valoradas ya que no lo relaciona con los hechos que pretende probar.
“No señala cómo está relacionada la declaración de dichos testigos con la litis, solo se limita a ofrecerlos sin señalar los puntos sobre los que versaran los interrogatorios”, concluyó.
El acuerdo fue aprobado por mayoría.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María de la Luz Hernández Martínez (presidenta), Laura Cristina Márquez Alcalá, Angélica Casillas Martínez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Hades Berenice Aguilar Castillo.