La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo con el objeto de que se establezca el 19 de septiembre como día nacional de asueto, a fin de recordar a las personas que han fallecido por los sismos en México.
Al hacer uso de la voz, el representante de la Coordinación General Jurídica, Vicente Vázquez Bustos, expresó que para los efectos de la iniciativa se realiza el Día Nacional de Protección Civil, por lo que el asueto impediría llevar a cabo los actos protocolarios como lo son los simulacros que ya conmemoran a las víctimas por los sismos de 1985 y 2017.
Por su parte, Alejandro Sierra Lugo de la Secretaría de Gobierno, indicó que el producto que se está analizando refiere a una ley que no concuerda con las facultades que tienen los congresos locales, por lo que se debería realizar una iniciativa de acuerdo para presentar la propuesta al Congreso de la Unión, además de que existen diversas inconsistencias en la evaluación de la propuesta.
Asimismo, la titular de la Dirección de Estudios de las Finanzas Públicas, Belén del Rocío Espinoza Aguirre, señaló que diversos estudios establecen que sí hay afectaciones económicas al momento de implementar en México un día de asueto por las actividades que se dejan de hacer por la suspensión de labores, tanto de la vida pública, como privada, los cuales argumentó no se hacen notar en los alcances del iniciante.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó coincidir con los argumentos planteados al ya existir el Día Nacional de Protección Civil, que atiende el objetivo de la iniciativa presentada, además de que existen incongruencias entre el alcance y el objeto de ésta, por lo que se pidió la elaboración de un dictamen en sentido negativo.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta) y Laura Cristina Márquez Alcalá; acompañada de personal del Congreso del Estado de Guanajuato y asesores de grupos parlamentarios; así como representantes de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.