La diputada Martha Edith Moreno Valencia, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado para que refuerce su política criminal en relación al delito de trata de personas; y que como parte de sus atribuciones, promueva investigaciones con perspectiva de género que permitan conocer la evolución de este fenómeno delictivo.
De igual manera, a la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en la entidad, para que a la brevedad confeccione el Programa Estatal en materia de trata de personas, y a su vez establezca los mecanismos de evaluación.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, la congresista refirió que la ubicación de la entidad es calificada como estratégica geográficamente, pero también representa impactos negativos, ya que se ha identificado a su vez como una zona de riesgo que facilita la práctica de diversos delitos, entre ellos la trata de personas, que presenta una peculiar incidencia en Guanajuato al ser una entidad considerada de origen, tránsito o destino para las víctimas.
Señaló que las víctimas potenciales de la trata de personas son en su mayoría niñas y mujeres en situación de precariedad, marginación, y pobreza; y que los problemas estructurales tales como el desempleo, la violencia, la desigualdad social y el aumento del crimen organizado, forman parte de las causas que incrementan el riesgo a que una persona sea sometida a la trata.
Moreno Valencia enfatizó que dicho delito, por lo que desencadena, es sumamente grave, pero que es poco denunciado, debido a que las víctimas tienen miedo o no confían en las instituciones, lo que dificulta a su vez el registro de los casos en los que se comete, además de que se ha ubicado un subregistro de ese delito, por lo que no se tiene claridad ni certeza con relación a los casos reales de trata de personas, lo que genera inconsistencias y deficiencias en su investigación y en la coordinación con las instituciones de seguridad pública para su debida atención.
Detalló que, en el 2022, Guanajuato ocupó el primer lugar en mujeres víctimas de corrupción de menores con 366 casos, y continúa este 2023 liderando los casos de presuntas víctimas con el 23.93% de los casos nacionales.
“Las autoridades municipales como estatales carecen de políticas y programas para encarar el problema, es urgente la aplicación y mejoramiento de medidas eficaces para prevenir, sancionar y proteger los derechos humanos que se ven amenazados con la trata de personas. Por ello es importante conocer la realidad de la problemática para poder actuar frente a esta, propiciando la denuncia ciudadana y el acompañamiento adecuado a las víctimas con perspectiva de género”, finalizó la legisladora.
La propuesta de punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de para su dictaminación.