Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional formularon una iniciativa de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios con la finalidad de tomar acciones preventivas o disuasivas en materia legislativa para proteger a la niñez y juventud guanajuatense sobre el consumo de alcohol, drogas, estupefacientes y productos fármacos controlados.
En su exposición de motivos, el congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes manifestó que el consumo de alcohol, drogas y tabaco en niñas, niños y adolescentes es un grave problema que debe ser atendido desde varias aristas; a través de programas, políticas o planes gubernamentales en los tres niveles de gobierno.
Apuntó que están preocupados por la alta incidencia de menores de edad que ingieren alcohol, tabaco, drogas y productos farmacéuticos controlados que están destinados a afectar los sentidos y la consciencia humana.
En ese sentido, precisó que, en el estado de Guanajuato, del total de la población, el 2.7% consume diariamente alcohol y el 8.0% muestra un patrón de consumo consuetudinario; y que, en general, el 53.1% de la población mexicana inicia a consumirlo de los 17 años hacia abajo, 41.3% lo hace entre los 18 y los 25 años y el 5.6% entre los 26 y 65 años.
Mientras que, en las estadísticas de uso de drogas, a nivel estatal del total de habitantes de la entidad, el 8.3% consumen mariguana, el 3.4% cocaína y el 1% estimulantes tipo anfetamínico.
Alfaro Reyes argumentó que para nadie era desconocido que debía ponerse atención especial a los lugares de venta y almacenamiento de alcohol, desde una simple tiendita hasta un centro de diversión o de almacenamiento de alcohol, que tienen o poseen permisos o licencias para realizar esa actividad ya que, en dichos lugares, independientemente de vender los productos con alcohol a menores de edad o jóvenes se venden drogas, estupefacientes o productos farmacéutico controlados o de venta restringida en farmacias.
Al respecto, el legislador indicó que la propuesta plantea que se revoque la licencia o permiso cuando en un término de dos años se hayan vendido o suministrado, en más de tres ocasiones, bebidas alcohólicas a menores de edad y, en una sola ocasión, se haya utilizado el local que ampara la licencia o permiso para la venta de droga, substancias psicotrópicas, enervantes, estupefacientes o cualquier otra denominación o especie o medicamentos controlados a menores de edad.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.