La diputada Yulma Rocha Aguilar, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo para exhortar al fiscal general del estado para que en función de las facultades que le otorgan la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y el Reglamento Interior de dicha institución, acuerde la creación de una Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra Policías, a efecto de contribuir al esclarecimiento de las conductas delictivas que se cometan en contra de las policías durante el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ello, y garantizar que se proporcione una pronta, plena y adecuada procuración de justicia.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, la congresista manifestó que las instituciones policiales son las encargadas de ser las primeras autoridades respondientes directas ante hechos presuntamente constitutivos de algún delito; actividad que generalmente implica también el proteger a las personas y sus bienes, perseguir y detener infractores, investigar a presuntos responsables de delitos, así como otras labores relacionadas con la protección y vigilancia de la ciudadanía.
Profundizó en que, por la naturaleza misma de esas actividades relacionadas con la atención de hechos delictivos, es que el ejercicio de la profesión policial necesariamente implica peligro. También refirió que de acuerdo con el estudio “Policías abatidos: el riesgo de servir a la seguridad pública en México” realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), se estima que en México del 2013 al 2018 al menos 802 policías fueron abatidos durante el ejercicio de sus funciones.
Después de detallar la problemática existente en lo que se refiere a la violencia que padecen las policías y el nivel de riesgo en el que se encuentran, subrayó que la Organización Causa en Común enfatiza que es una situación grave, dado que las Instituciones Policiales son una manifestación esencial de cualquier Estado, ya que no sólo reflejan políticas de seguridad, sino que constituyen una expresión del desarrollo institucional de una nación y de las relaciones entre comunidades y autoridades, por lo que los asesinatos de policías son una afrenta directa al Estado.
“Aunque estos actos representan una amenaza a la estabilidad estatal, a la democracia y a la gobernabilidad, el Estado se ha mantenido indiferente y la mayoría de estos hechos prevalecen en la impunidad, pues rara vez conllevan una investigación concluyente y, debido a lo anterior, no es común que deriven en sentencias condenatorias por parte de la autoridad judicial”, afirmó.
La congresista recalcó que la propuesta busca fortalecer la Fiscalía para contribuir a garantizar que proporcione una pronta, plena y adecuada procuración de justicia a las conductas delictivas que se cometan en contra de las policías durante el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ello.
Finalmente, remarcó que se pretende que esos hechos se investiguen de manera diferenciada, especializada e independiente, pues ello contribuirá a generar acciones encaminadas a conocer el origen y evolución de esos casos, proporcionar una pronta, plena y adecuada procuración de justicia, así como a diseñar e implementar estrategias y políticas enfocadas a su investigación, persecución, esclarecimiento y prevención.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.