Con el objeto de sancionar penalmente al que dolosamente realice una llamada dando aviso de una emergencia falsa, con el fin de provocar la movilización de los servicios de emergencia para atenderla, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para incluir un capítulo denominado «Uso indebido de los servicios de emergencia».
Al exponer los motivos de la propuesta, el diputado Gerardo Fernández González precisó que cuando una persona hace una llamada de broma o un reporte de hechos falsos, no sólo se desperdician importantes recursos públicos, sino que se pone en riesgo la vida de otras personas que verdaderamente enfrentan una emergencia en la que se encuentran en peligro su vida o su patrimonio.
Apuntó que las bromas y las llamadas falsas son un gran obstáculo para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias. En ese sentido precisó que, en el estado de Guanajuato, se recibieron un total de 2 millones 294 mil 148, donde aproximadamente 683 mil 656 fueron procedentes, es decir, 29.8%, por lo que era preocupante que los medios diseñados para salvar vidas sean utilizados de manera indebida.
Fernández González argumentó que actualmente las llamadas falsas y de broma a los servicios de emergencia son sancionadas de manera diferenciada en algunas entidades federativas, y se encuentran tipificadas como delito y falta administrativa en sus respectivos ordenamientos.
Detalló que en estados como Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco lo sancionan con la prisión; mientras que Guanajuato cuenta con una sanción administrativa en la Ley del Sistema de Seguridad Pública.
El legislador indicó que proponían considerar como delitos contra los servicios de emergencia, a quien dolosamente realice una llamada de broma o falsa al número de emergencia, y se está considerando que se le impondrá prisión de dos meses a dos años y de cincuenta a cien días de multa. De igual manera, se establecen las causales por las que las penas se aumentarían.
Finalmente, subrayó que la iniciativa busca sancionar a quien ponga en riesgo la vida, seguridad e integridad de las y los ciudadanos que verdaderamente afronten una emergencia, al movilizar de manera engañosa los servicios de emergencia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.