El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversos ayuntamientos a emitir su reglamento para garantizar el derecho a manifestaciones públicas.
La diputada Lilia Margarita Rionda Salas expuso las consideraciones de la propuesta y comentó que las manifestaciones y protestas públicas son elementos fundamentales en las sociedades democráticas, considerados para reivindicación, protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas.
Remarcó que el derecho a la manifestación ha sido utilizado por las personas como una herramienta para el disfrute y ejercicio de otros derechos que les son reconocidos de manera universal, como la libertad de expresión y opinión, la libertad de reunión y el derecho a la participación en la solución de los asuntos públicos.
“La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente”, enfatizó Rionda Salas.
En ese sentido, se refirió a Propuesta General PDHEG/01/2021, emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la que expone que ante el caso de la detención de unas personas que se manifestaban, llegó a la conclusión de que no existe un instrumento legal que garantice el derecho a la manifestación pacífica, así como para la protección de las personas participantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y terceras personas.
Agregó que se identificó la omisión de la autoridad municipal de establecer y documentar una planificación del operativo de atención a la manifestación y, en consecuencia, su implementación y evaluación, con lo cual inobservó el deber de garantizar el derecho de las personas a manifestarse públicamente, así como que vulneró el derecho al libre ejercicio del periodismo.
La legisladora argumentó que al identificar que el derecho a las manifestaciones públicas no se encuentra garantizado, se desprende la conveniencia de actualizar la reglamentación local, a efecto de que los municipios cuenten con un reglamento que les permita cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para garantizar el derecho de manifestación.
“Hacemos un llamado urgente a los municipios que aún no cuentan con su respectivo reglamento para garantizar el derecho a manifestaciones públicas, para que, en cumplimiento al mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, emitan su normativa interna en aras del fortalecimiento del estado democrático”, finalizó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.