Las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables analizaron la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y al Código Civil estatal, con el objeto de incorporar la atribución de los ayuntamientos para establecer procuradurías auxiliares, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones generales, constitucionales e internacionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Al hacer uso de la voz, José Luis Aranda Galván, magistrado del Poder Judicial, mencionó estar a favor de la propuesta por las contribuciones positivas que se tendría con las niñas, niños y adolescentes. El magistrado precisó que existe la preocupación por la falta de personal en las procuradurías y por la limitación de recursos que existen en ciertos municipios para conformar los equipos multidisciplinarios que prevé la propuesta.
En su intervención, Luis Alberto Estrella Ortega representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado reiteró que existe un sentido positivo de la iniciativa por las consecuencias favorables del goce de los derechos inherentes a niñas, niños y adolescentes, sin embargo, precisó que sería de gran ayuda el poder incorporar el concepto de valoración técnica, al igual que en el apartado de medidas de protección especial se pueda indicar que solo sean las autoridades municipales y estatales las encargadas de ejecutar dichas acciones.
Por su parte, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica reiteró que se esta a favor de la propuesta por las atribuciones que se tiene en la creación de organismos que ayuden a cumplir y prevalecer con el derecho de las infancias a tener una familia que vele por su bienestar.
Antonio Alexis Gómez Juárez, integrante del DIF Estatal, puntualizó que dentro de las consideraciones principales en las medidas especiales de protección se tiene que contemplar el hecho de que las atribuciones no deben de tener competencia en una sola autoridad, por lo que es necesario implementar diferentes medios y recursos para formar grupos multidisciplinarios que permita pasar de una protección tutelar a una verdadera protección integral.
Al hacer uso de la voz, el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes indicó que es relevante la preocupación por el impacto presupuestario para los ayuntamientos, por lo que consideró preciso la creación de algún dispositivo que ayude a los municipios que no cuenten con los recursos suficientes.
En su intervención, el legislador David Martínez Mendizábal mencionó que la iniciativa tiene un impacto de gran valor en las infancias por lo que es importante que se tome en cuenta el sentir del grupo en la que verá de forma más cercana sus efectos, con la realización de una consulta similar a lo que se ha hecho con otras iniciativas.
Por su parte, el congresista Bricio Balderas Álvarez refirió que se debe ser cuidadoso para que en los transitorios se pueda contemplar el tiempo suficiente para que los ayuntamientos puedan contemplar dichas acciones en su organización presupuestal, mismo que no debe ser una limitante tomando en cuenta el rezago enorme que se tiene en los asuntos relacionados con temas de adopción.
Asimismo, la diputada Susana Bermúdez Cano expresó que se debe ponderar el derecho de las niñas, niños y adolescentes por sobre todos los intereses. Agregó que es evidente la falta de representación oportuna e inmediata dentro de los juicios relacionados con menores de edad, por lo que es necesario que se tengan normas que atiendan una de las necesidades que se viven día a día en la entidad.
La legisladora Katya Cristina Soto Escamilla habló de la sobrecarga de trabajo en temas de adopción y de seguridad para el grupo en cuestión y señaló la necesidad de que las procuradurías auxiliares pudieran crearse a través de los ayuntamientos, así como que se tengan mecanismos que den respuesta a los múltiples casos que engloban la protección de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo, haciendo énfasis en que se realice un documento de trabajo en el que se contemplen todas las intervenciones y se realice una mesa técnica con asesores para hacer los ajustes correspondientes y así tener un documento más completo al momento de la aprobación del dictamen.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta), Briseida Anabel Magdaleno González, Susana Bermúdez Cano, Katya Cristina Soto Escamilla y Janet Melanie murillo Chávez; así como los diputados David Martínez Mendizábal, Cuauhtémoc Becerra González y Bricio Balderas Álvarez. También asistieron los legisladores José Alfonso Borja Pimentel y Gerardo Fernández González.
Asimismo, participaron representantes del Poder Judicial del Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, de la Coordinación General Jurídica y del DIF Estatal.