Con el objeto de fortalecer los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violencia, así como mejorar el acceso a la justicia y combatir la impunidad, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal.
Con esta propuesta se busca una mejor punibilidad para proteger los bienes jurídicos tutelados en los delitos contra la libertad sexual; perfeccionar la sistemática en el delito de lesiones; aumentar la pena del tipo penal de feminicidio; perfeccionar los delitos de violación y estupro; así como atender al principio de proporcionalidad y se corrigen errores de redacción legislativa.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá argumentó que las penas que decrete el legislador deben reunir dos características relacionadas con el principio de proporcionalidad, es decir, ser proporcionales respecto del delito que se sancione y respecto del bien jurídico afectado.
Agregó que al momento de establecer sanciones penales se debe atender a un sistema que permita a los juzgadores la individualización de éstas de conformidad con el grado de responsabilidad del activo y las circunstancias del caso.
Márquez Alcalá argumentó que consideraron necesario realizar ajustes a las normas penales relativas a los delitos contra la libertad sexual, a fin de adecuar las penas. Lo anterior, dijo ante el crecimiento significativo de la violencia sexual en las mujeres de más de 15 años. Mencionó que, en los citados delitos, si el sujeto activo es servidor público, se adiciona la pena de pérdida o suspensión del cargo.
“Es necesario establecer una agravante a dichas penas que busca de manera justificada sancionar con mayor intensidad la realización de estos delitos cuando son ejecutados por quienes ejercen una función pública y que defraudan la confianza que les es otorgada por el Estado, pudiendo incluso en algunos casos, esta calidad de servidores públicos producir una mayor afectación a la víctima y a la sociedad en general”, detalló.
Añadió que, en el delito de homicidio en razón de parentesco, en dónde actualmente ya se prevé una atenuante cuando el sujeto activo haya sido víctima de violencia por el pasivo, se agregue una consideración para los casos en que el pasivo sea mujer que haya sido víctima de violencia de género por el pasivo.
La congresista también se refirió a la necesidad de incrementar la pena en materia de feminicidio, ya que subrayó que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado.
Otro aspecto que se aborda en la propuesta es en el delito de estupro, donde se plantea elevar la edad del pasivo a 18 años en virtud de hacerla congruente con el concepto de adolescente establecido en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes.
Finalmente, externó que la revisión integral al Código Penal, en específico la presente iniciativa, impacta en seguir construyendo un marco jurídico que fortalezca los derechos humanos de las mujeres y al generar reformas tendientes a erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, y para su opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.