La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato para reformar el procedimiento de designación del juez de partido.
Con ellas se establece que el juez deberá haber cumplido con los cursos que le sean obligatorios en el último año; se precisa que, si no hubiere impugnaciones o una vez resueltas las presentadas, el Pleno del Consejo del Poder Judicial solicitará al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia un informe sobre el conocimiento de los jueces de partido seleccionados, respecto de las funciones del Consejo del Poder Judicial.
Lo anterior, de acuerdo con el examen que al efecto se aplique de conformidad a las bases que se emitan por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y una vez obtenido el informe, procederá a evaluarlos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el informe del Pleno del Supremo Tribunal, su antigüedad en el Poder Judicial y su preparación.
Además, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en materia de tutela jurisdiccional efectiva a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, la diputada Susana Bermúdez Cano recordó que tal cual se expresó en el análisis de la propuesta, el Congreso no tiene facultades para legislar en materia procesal civil y familiar, ya que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se faculta al Congreso de la Unión para expedir dicha legislación.
En la reunión se analizó la iniciativa de reforma Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para adicionar atribuciones a la Fiscalía General y al fiscal general para implementar mecanismos de regulación y control para garantizar derechos de víctimas
La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que en la exposición de motivos no existía congruencia, que cada una de las fracciones que se citaba sobre regulaba y no se cubría lo que la iniciante pretendía. Además, enfatizó que la mayoría de lo solicitado ya estaba contenido, atendido y eran parte de la normativa que debe cumplir la Fiscalía a lo largo de sus procesos.
Finalmente, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá apuntó que coincidía con su homóloga, que estaban de acuerdo en la parte de garantizar la protección de la víctima y que en la entidad se ha buscado mantener actualizada la legislación y acorde a la realidad, por lo que instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo.
Radicaciones
Como parte del orden del día de la sesión se radicaron cinco propuestas legales. Dos iniciativas de reforma al Código Penal; la primera, con la finalidad de ampliar el abanico para considerar otros supuestos en el delito de feminicidio e incrementar la sanción cuando se trate de mujeres con mayor grado de vulnerabilidad. La segunda, busca una mejor punibilidad para proteger los bienes jurídicos tutelados en los delitos contra la libertad sexual; perfeccionar la sistemática en el delito de lesiones; aumentar la pena del tipo penal de feminicidio; perfeccionar los delitos de violación y estupro; así como atender al principio de proporcionalidad y se corrigen errores de redacción legislativa.
La tercera, plantea modificaciones al Código Civil, a efecto de eliminar el impedimento de contraer matrimonio por padecer enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias al presumirse como discriminación, estigmatización y negación de derechos a personas que viven con enfermedades de transmisión sexual, garantizando mayor igualdad y libertad en el derecho a formar una familia.
La cuarta propone cambios a la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato, a fin de armonizarla con los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos jurisdiccionales, y que el criterio que sirva para determinar el monto de indemnización de un bien expropiado sea el valor comercial.
Finalmente, un punto de acuerdo para exhortar al fiscal general del Estado, para que se realicen pruebas periciales pertinentes para determinar si en los casos de suicidios y muertes accidentales de mujeres existían circunstancias de violencia y, para que, actúe con la debida diligencia y sin dilación alguna en la investigación de las muertes violentas de mujeres en Guanajuato.
Asistieron las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá y Susana Bermúdez Cano; así como el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.