Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para establecer obligaciones de las Instituciones Policiales de los municipios para preservar el derecho humano a la integridad física de las personas en custodia, detenidas o aseguradas.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes manifestó que, en cualquier Estado de Derecho, la función policial tiene un amplio campo de acción en el tema de la seguridad, y que las estrategias y vías que cada gobierno implemente respecto a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tienen una repercusión directa, ya sea positiva o negativa, en la seguridad de la ciudadanía.
Apuntó que la seguridad va mucho más allá de la protección contra la violencia y del uso de la fuerza pública; supone una protección integral de la persona ante las amenazas y vulnerabilidades de su entorno personal y público.
Alfaro Reyes agregó que el enfoque actual de la seguridad se relaciona con el desarrollo humano como una nueva dimensión de la seguridad humana, busca situar al ser humano como eje del desarrollo y tiene una correlación con factores como los derechos humanos, la salud, el medioambiente, la democracia, la seguridad alimentaria.
Afirmó que la seguridad ciudadana constituye una de las piedras angulares del respeto a los derechos humanos enfocados, de la misma manera, en la persona humana, y que la legitimidad y eficacia de las actuaciones de los agentes estatales son fundamentales para promover la seguridad, la justicia y los derechos humanos.
“Toda tarea policial, con independencia del combate a la criminalidad debe estar sustentada en el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas o aseguradas, al igual que cualquier ciudadano en forma ordinaria”, enfatizó.
El legislador precisó que la norma en comento debe contar con un precepto que establezca obligaciones de las Instituciones Policiales de los municipios para preservar integridad física de los detenidos o asegurados, bien por, infracciones administrativas o por delitos, desde el momento de ser interceptados hasta el momento en que sean puestos a disposición o ser liberados en el momento de hacer el pago de la multa respectiva.
Finalmente, argumentó que la propuesta armoniza la denominación de autoridades en procuración de justicia y policial a la normatividad actual, y se establecen hipótesis para que las autoridades policiales municipales tengan en lo sucesivo obligaciones para preservar el derecho humano a integridad física de los detenidos o asegurados por faltas administrativas o delitos, para disuadir la desaparición forzada de personas.
“La iniciativa pretende disuadir la tortura, el maltrato y la producción de lesiones graves a asegurados o detenidos por infracciones administrativas o delitos por parte de los cuerpos de seguridad pública municipal. Asimismo, evitar posibles desapariciones forzadas o entregas de detenidos o personas liberadas a otros cuerpos policiales o particulares sin que medie constancia de las persona o personas que reciben al liberado”, concluyó Alfaro Reyes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.