La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables realizó diferentes mesas de trabajo para analizar diversas iniciativas de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.
Designaciones públicas
La primera propuesta discutida contempla diversas leyes del estado de Guanajuato, donde se incluye la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, con el objetivo de promover que los procesos de designaciones públicas se hagan de manera transparente.
Al hacer uso de la voz, Juan Manuel Álvarez González, asesor del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, externó que se debería hacer una reflexión sobre el uso del concepto de competencia por méritos, debido a que se debería emitir alguna regla para valorar la calificación de quién tiene mayores méritos.
Por su parte, Paola Isamar Gutiérrez Arellano, integrantes del Instituto de Investigaciones Legislativas (INILEG), expresó que la observancia de un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito contribuiría a que se atraigan mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.
Información a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
La siguiente iniciativa analizada plantea evitar que las autoridades y servidores públicos, a requerimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), se nieguen o retrasen la remisión de la información, aduciendo su reserva en la substanciación del procedimiento de investigación de presuntas violaciones graves de derechos humanos, así como regular la custodia de esa información.
En su intervención, Alberto Ortega Estrella, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato indicó que la iniciativa propuesta robustece el procedimiento de investigación a través de la introducción de reglas más claras para la solicitud y resguardo de información reservada que se solicite, además de que se está en concordancia con el principio de máxima publicidad al que está sujeta la información gubernamental y con la intención de eliminar los obstáculos para el ejercicio del derecho a la verdad.
Asimismo, Jorge Alberto Santos López, miembro del del INILEG, señaló que tanto la ley local, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya contemplan la prohibición de clasificación de la información como reservada.
Modificación de requisitos del titular y proceso de selección de la PRODHEG
La tercera iniciativa puesta a discusión busca modificar los requisitos y el proceso de selección de quien encabece dicho organismo.
Juan Manuel Álvarez González, asesor del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, refirió que las exigencias como los son las maestrías y los doctorados de pueden ser discriminatorias por cerrar la puerta a personas que puedan tener amplia capacidad y conocimientos en materia de derechos humanos.
Al externar opinión, Sergio Eduardo Sandoval Ávila, representante del INILEG, indicó que la iniciativa es pertinente pero que existen áreas de oportunidad como lo es el plasmar en la Ley Orgánica del Poder Legislativo lo referente al proceso interno que realizará el Congreso en su organización y que no debiera estar plasmado en otra norma que no es la propia.
Agregó, que también se considera viable que se plasme la emisión y difusión de la convocatoria para candidatos a ocupar la titularidad de la PRODHEG; la forma de realizar las entrevistas a los aspirantes que hayan reunido los requisitos; los tiempos para la elaboración del dictamen que incluya la terna; y solicitar que se incluya en la agenda de las sesiones del Pleno de acuerdo con los tiempos requeridos.
Solicitud de medidas precautorias o cautelares
También se analizó la propuesta que tiene el objetivo de que durante el procedimiento de investigación de presuntas violaciones a derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PRODHEG) pueda solicitar a las autoridades competentes medidas precautorias o cautelares, con el objeto de conservar, hacer cesar o restituir a la persona en el goce de sus derechos humanos, sin esperar hasta que se emita la recomendación correspondiente.
Al hacer uso de la voz, Alberto Ortega Estrella, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato precisó que se debe mencionar que el uso del término únicamente implica que en solo en eso casos particulares se tomarían las medidas precautorias o cautelares, lo que representa un término limitativo y por ende se sugirió el no agregarlo en la ley que se pretende modificar.
En su intervención, Alfredo Saines Araiza, representante del INILEG, comentó que la propuesta ya se tiene contemplado en el reglamento interno de la PRODHEG, pero que si se considera que la jerarquía de las leyes está por encima del reglamento en comento, la iniciativa discutida se considera viable jurídicamente.
Denuncias de organizaciones de la sociedad civil
Finalmente, se puso a discusión la propuesta para establecer que las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto sea ser defensoras de los derechos humanos y que estén legalmente constituidas, puedan acudir ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), a denunciar presuntas violaciones a derechos humanos.
Alberto Ortega Estrella, representante de la PRODHEG indicó que para evitar interpretaciones que dejaran de considerar a sindicatos, asociaciones y cualquier otra organización representativa, se sugiere agregar dichas figuras a la propuesta, debido a que pueden existir discriminación hacia organizaciones que su objeto principal no sea la defensa de los derechos humanos.
A manera de conclusión, el diputado David Martínez Mendizábal expresó que la mesa de trabajo fue muy enriquecedora por los distintos puntos de vista que ayudará a complementar las propuestas y que a su vez permitirán que la dictaminación sea adecuada por los elementos técnicos y jurídicos que se hicieron llegar por parte de los participantes.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Yulma Rocha Aguilar y el diputado David Martínez Mendizábal (presidente); así como representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Guanajuato y asesores de grupos parlamentarios.