La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones realizó dos mesas de trabajo para analizar dos diferentes iniciativas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
Asignación del titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza
La primera mesa de trabajo corresponde a la discusión de la propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, misma que tiene como objeto que la persona titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza sea asignada por el Congreso del Estado, goce de autonomía frente al Poder Ejecutivo y que posea mayor independencia para llevar a cabo sus funciones.
Al hacer uso de la voz, Alejandro Domínguez López Velarde, representante de la Coordinación General Jurídica señaló que la obligación de las personas servidoras públicas de observar los principios de independencia, imparcialidad y objetividad ya se encuentra contenida en la normativa local, por lo que sería innecesaria la reforma planteada.
Mientras que Juan Antonio Reynoso Candelas, integrante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también indicó que los principios en los que opera el Centro de Evaluación y Control de Confianza, también ya se encuentran enunciados en la Constitución local.
Por su parte, el diputado Bricio Balderas Álvarez señaló que es acertado que la persona titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza sea nombrada por el Ejecutivo, pues trasladar esta designación al Legislativo podría redundar en inconvenientes.
Periodo de vigencia para evaluaciones de control de confianza
La segunda mesa de trabajo analizó la iniciativa que tiene la finalidad de establecer un periodo de vigencia determinado para las evaluaciones de control de confianza de las instituciones policiales, siendo éste de tres años para el personal en general y dos para quienes desempeñen funciones de mandos.
La reforma contempla también al personal de las instituciones de seguridad pública que realice funciones sensibles dentro de los C4 o sus equivalentes, así como al personal operativo de los servicios de seguridad privada, en ambos casos, las pruebas de control de confianza tendrán una vigencia de tres años.
En su intervención, tanto los representantes de la Coordinación General Jurídica y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado coincidieron en que todo aquello que abone a la certeza y seguridad jurídica de las instituciones policiales es necesario, calificando como viable la propuesta.
Finalmente, el diputado Martín López Camacho solicitó que ambas iniciativas se tramiten en un solo dictamen rescatando de la primera iniciativa los elementos que pudieran resultar viables.
En las reuniones estuvieron presentes la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández y los diputados Martín López Camacho (presidente), Bricio Balderas Álvarez y José Alfonso Borja Pimentel en su carácter de invitado.