El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de visibilizar los problemas de violencia que sufren las mujeres en los centros carcelarios y de detenciones, estableciendo la función a la Secretaría de Seguridad Pública, que realice las acciones y tome las medidas para evitar este fenómeno.
En la exposición de motivos, el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes indicó que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad tienen derecho a no ser víctimas, de forma alguna, de acoso y a recibir la protección y atención adecuadas, por parte de las autoridades del Centro de readaptación, recibir atención médica adecuada durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como los muebles, implementos y alimentos que requieran la madre y su hijo, tener con ella a sus hijos, por lo menos, durante la lactancia y hasta que cumplan los seis años de edad, cuando sea benéfico para el menor, entre otras cosas más.
Agregó que aun cuando existe legislación en la materia, es importante la revisión y actualización, debido a que es en el interior de los centros penitenciarios en donde se han documentado y conocido violaciones sistemáticas a los derechos humanos tutelados por instrumentos nacionales como internacionales en la materia, debido a la poca supervisión y en ocasiones al abandono de las autoridades u órganos protectores de los derechos humanos.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en México, señala que el 41% de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas, y el 21% de las detenidas por el Ejército también. El 48% de todas ellas declararon haber sido torturadas y el 48,8% sufrió alguna agresión física antes de llegar ante el Ministerio Público, lugar en dónde se realizan las denuncias o llevan a las personas detenidas”, dijo.
Aunado a lo anterior, el legislador señaló que el 34% de las personas han declarado haber sido agredidas por los custodios, mientras que al 58% no se les informó del motivo de su detención y al 65% no se les dio a conocer sobre sus derechos todo lo cual provoca indefensión.
Por lo anterior, Alfaro Reyes precisó que la iniciativa pretende agregar en las facultades del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el realizar las acciones e implementar las medidas para evitar cualquier manifestación de violencia a las que se refiere la presente ley hacia las mujeres internadas en los Centros de Readaptación Social que estén bajo su competencia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género.