La diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá, presentó un punto de acuerdo a fin de solicitar a la Cámara de Diputados para que destine, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2024, los recursos necesarios para que los Poderes Judiciales de los estados implementen el nuevo modelo de justicia civil y familiar.
Al realizar la presentación a nombre de las y los legisladores del PAN, Márquez Alcalá expresó que, el pasado 7 de junio, se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mismo que tiene una incidencia en la vida de millones de personas pues busca establecer procedimientos homologados en el país para resolver las controversias entre particulares, entre otros aspectos.
Señaló que, según el INEGI, durante el 2021 ingresaron en los tribunales estatales más de dos millones de asuntos, de los cuales “el 70% (cerca de millón y medio) de los juicios a nivel nacional, corresponden a conflictos que tienen que ver con divorcios, pensiones alimentarias, custodias, adopciones, arrendamientos, contratos, sucesiones, sólo por señalar algunos de los más indicativos”.
La congresista de Acción Nacional comentó que “las exigencias financieras incluyen nueva infraestructura, adaptaciones en los espacios físicos y una importante inversión en capacitación y en recursos tecnológicos que permita que la centralización normativa tenga el éxito deseado y no genere, por el contrario, una justicia lenta, onerosa e insatisfactoria”, por lo que la implementación de las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa retos extraordinarios para las entidades federativas.
La diputada Cristina Márquez indicó que, de acuerdo con lo dicho por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos se requiere la asignación de más de 56 mil millones de pesos para la atención de las necesidades de las 32 entidades federativas.
Agregó, que no basta con cambiar la ley para transformar la realidad de las y los mexicanos, “esperamos que, como ha ocurrido en aquellos casos en los que se han impulsado cambios estructurales en la consolidación de las instituciones de impartición de justicia en el país, se destinen los recursos presupuestales suficientes para que la nueva ley cuanto antes sea una realidad”.
La propuesta de punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis.
En la misma sesión, la diputada Cristina Márquez, fue designada por el Pleno del Congreso como representante del Poder Legislativo de Guanajuato ante la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar.