La diputada Dessire Ángel Rocha, de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, con la finalidad de ampliar la protección de las personas buscadoras y de las personas defensoras de derechos ambientales.
En su intervención, la legisladora explicó que se propone hacer explícito en el objeto de la ley que las actividades de defensa de los derechos humanos se incluyen los derechos ambientales, toda vez que la titularidad de los derechos ambientales es colectiva y suele no atribuirse a una persona en concreto, por lo que el derecho podría ser de alguna manera difuso en sus afectaciones concretas.
“Se agregan como personas beneficiarias de la protección normativa de esta Ley a las personas defensoras de derechos ambientales como categoría distinta y a las personas buscadoras de otras en categoría de desaparecidas, también con la intención de reconocer de forma explícita el derecho de ambas frente a la falta de reconocimiento expreso de un derecho humano fundamental de fuente constitucional”, dijo.
La congresista especificó que las reformas planteadas no se reducen a una homologación de categorías y términos, toda vez que en el glosario del marco normativo se busca la adición de cuatro fracciones en las que se establecen conceptos para derechos ambientales, información ambiental, personas buscadoras y personas defensoras de derechos ambientales.
“En el caso de la norma que protegería de una manera específica a personas buscadoras se incluyen 3 garantías: ser informadas de manera inmediata sobre los progresos y avances de los casos de búsqueda; poder movilizarse, de manera individual o colectiva, de forma libre y segura para realizar su labor de búsqueda; y poder difundir la información que les sea de utilidad y ayuda en su labor de búsqueda a través de medios tradicionales o digitales”, complementó.
Finalmente, Ángel Rocha consideró que las garantías y el deber de cuidado del Estado a favor de las personas defensoras de derechos ambientales y personas buscadoras deben trasladarse al texto normativo para que actos que violenten sus derechos por acción, omisión, censura o represión sean considerados agresiones para efectos de la aplicación de medidas preventivas y de protección.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.