El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley Del Notariado para el Estado de Guanajuato, para fortalecer en el ámbito notarial el régimen sancionatorio, establecer mayores controles administrativos, además de ampliar el espectro de personas obligadas por la autoridad.
En el documento se señala que se han difundido algunos casos en los que notarios públicos podrían haber participado en actos jurídicos posiblemente viciados, situación que vislumbra la necesidad de fortalecer el régimen sancionatorio a fin de inhibir la extensión de esas conductas.
“El notario goza de capacidad decisoria pues sus resoluciones afectan al ámbito de los derechos y deberes, por lo que es preciso que el régimen sancionatorio tenga correspondencia con la relevancia que sus actos conllevan”, menciona el documento.
Se refiere que la propuesta tiene como propósito proteger a la función notarial frente a conductas lesivas de aquellos casos que atentan contra intereses generales. Agregó que aquellos actos que lesionen la confianza que se ha otorgado a los notarios, se debe considerar la aplicación de sanciones.
Asimismo, se indica que se busca castigar a quienes, careciendo de Fiat, tengan material notarial fuera de la Notaría sin causa justificada, se incluyen prohibiciones para hacer patente la necesidad de especialización en el área notarial, además de que se establece como obligación el enviar una imagen de los folios que integran el Libro de Protocolo y el de Ratificaciones, con el objeto de que se inhiba de forma efectiva el tener folios en blanco, entre otros temas relacionados con la función notarial.
“La participación de los notarios es determinante para dar certeza a diversos actos jurídicos. La iniciativa, al establecer la tipificación especifica en el caso de falsificación contra la fe notarial, busca establecer sanciones específicas a quienes incurran en conductas que afecten bienes jurídicos. La propuesta pretende con ello evitar conductas que lesionen a la sociedad”, se concluye.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia.