Para el Grupo Parlamentario del PAN es prioritario el fortalecimiento de la procuración e impartición de justicia administrativa en el estado, afirmó la diputada Susana Bermúdez.
Lo anterior al presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
Al hacer uso de la voz, a nombre del GPPAN, la legisladora precisó que la iniciativa busca disminuir el rezago en el dictado de sentencias que pueda presentar el Tribunal de Justicia Administrativa ante el aumento considerable de asuntos que son sometidos a su conocimiento.
“La consolidación del Tribunal ha incrementado la confianza social en la institución, prueba de ello, es el aumento considerable del número de demandas que ha recibido en los últimos años, pasando de 2 mil 336 en el año 2020 a 5 mil 130 en 2021 y a 7 mil 429 demandas en el 2022, lo que representa un incremento del 218 por ciento, entre dichos años”, indicó.
En este sentido, señaló que se propone la creación de una Sala que coadyuve a manejar la carga de trabajo de manera eficiente y garantizar tiempos de resolución razonables.
Explicó que la nueva Sala del Tribunal de Justicia Administrativa implica la conformación de su estructura orgánica, a fin de llevar a cabo la sustanciación de los procesos que planteen los particulares en contra de la administración pública estatal y municipal, lo que conlleva, entre otras actividades, la elaboración de acuerdos, desahogo de pruebas, proyectos y sentencias del Tribunal, y para ello se debe integrar un equipo de personal como el que actualmente opera en cada una de las Salas del Tribunal.
Además, la diputada comentó que se plantea conceder al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa la competencia para llamar temporalmente a los Magistrados Supernumerarios para la resolución de los asuntos competencia del Tribunal.
“La intención de habilitar temporalmente a quienes sean titulares de magistraturas supernumerarias atiende a la misma intención, la cual es garantizar puntualmente el derecho de los justiciables a que se les administre justicia en los plazos establecidos en las leyes”, dijo.
Asimismo, Susana Bermúdez expuso que la iniciativa también contempla modificar las atribuciones de los Secretarios de Estudio y Cuenta y de la Unidad de Defensoría de Oficio y empatarlo con la reforma que se propone al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, a fin de impulsar y ayudar a las partes en la decisión de celebrar convenios como forma de terminar una controversia.
“Para Acción Nacional la celebración de convenios en el proceso administrativo local representa una visión novedosa y diferente de la atención tradicionalmente dada a las controversias sometidas a la jurisdicción administrativa, pues es una forma de romper paradigmas en la manera de resolver un litigio en la vía administrativa”, agregó.
La iniciativa ser turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.