La Comisión de Justicia aprobó el dictamen en sentido positivo de la iniciativa de reforma al Código Penal Estatal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, en materia de protección a la vida de los menores de edad.
También, se analizó cuatro iniciativas a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, la primera de las propuestas busca proteger a la ciudadanía contra actos irregulares cometidos en la función notarial; la segunda, ampliar los supuestos para que los notarios públicos no incurran en irregularidades y de ser así, para que les sea aplicada en forma equiparada la pena del delito de usurpación de profesiones y la revocación del FIAT.
La tercera iniciativa, para regular el procedimiento de equivalencia notarial mediante el cual un Notario Auxiliar podrá, cumplidos los trámites y requisitos, obtener la titularidad de la Notaría en la que actúa, en los supuestos de fallecimiento, renuncia o retiro del FIAT del titular; y para fortalecer en el ámbito notarial el régimen sancionatorio, establecer mayores controles administrativos, además de ampliar el espectro de personas obligadas por la autoridad.
Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, expresó que se debería valorar si es más viable cambiar la denominación toda vez que lo que se busca es verificar si el notario auxiliar cuenta con la capacidad suficiente para el ejercicio de la función como titular.
En su intervención, Jesús Luis Vega Castillo, del Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato, externó que es necesario que la figura del notario auxiliar, una vez que se tramite el proceso de equivalencia, para que se continue con el trámite de los asuntos pendientes en la notaría, debido a que existen muchos proyectos que inciden en la vida social y en cómo se van a manejar sectores económicos.
Al emitir opinión, Eduardo Pérez Alonso, miembro de la Universidad de Guanajuato, calificó la propuesta como oportuna, pertinente y congruente, además de señalar que tomando en cuenta la estadística de edad del personal notarial del estado, que es de 70 años en promedio, se desprende de la urgencia del planteamiento de la continuidad.
Por su parte, Fernando Márquez Rivas, de la Universidad de La Salle Bajío, dijo coincidir en lo general con la propuesta sobre la factibilidad de las modificaciones. Sin embargo, se comentó que se compartirá algunos comentarios sobre las prohibiciones de los notarios.
Gustavo Castro Ortiz, de la Dirección de Notarías del Estado de Guanajuato, dijo estar interesado en que los exámenes sean de mejor calidad en su integración metodológica, toda vez que se tiene una colaboración con otras instancias para aumentar el rigor que deberá tener una prueba de gran trascendencia, por lo que es importante ampliar el plazo para poder llevar una logística y preparación adecuada.
El diputado Armando Rangel Hernández señaló que el proceso para la examinación no debe arrancar con la convocatoria, se deben de tener trabajos previos para tener una serie de reactivos e incluso para hacer una serie de preparativos para que los ochos meses o más que se necesiten transcurran incluso antes de que salga la convocatoria.
La legisladora Susana Bermúdez Cano manifestó que se tiene que escuchar la voz de quien está llevando el actual proceso y que derivado de ello recomiendan que el plazo en discusión sea de ocho meses, argumentando que dejar el plazo abierto sin límite produciría incertidumbre a los participantes.
El congresista Cuauhtémoc Becerra González indicó que referente a los términos de tiempo, propuso que el plazo se asignara a 90 días, a razón de que la propuesta de hasta 8 meses no daría solución a la falta de claridad y certeza de quienes presentarían las pruebas.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle expresó que el espíritu del tema de las modificaciones en las sanciones se hace con base a las malas experiencias que ha vivido la sociedad por el mal comportamiento de ciertos notarios, donde la finalidad es que el sector en comento haga su trabajo de la mejor manera.
A manera de conclusión, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá propuso la dictaminación en sentido positivo, toda vez que se recaben los comentarios vertidos en el análisis que tiene como fin el crear un marco normativo que ponga la actividad notarial del Estado de Guanajuato en un rubro ejemplar a nivel nacional.
Finalmente, se radicaron las propuestas para reformar la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de hacer viable el principio de equidad de género en el procedimiento de designación de notario auxiliar, aspirante a notario y asignación de FIATS; la iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato y a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, en relación con la capacidad jurídica para introducir el Modelo de Sistema de Apoyos a las Personas con discapacidad.
Mismo trámite recibió la propuesta para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General, para el reconocimiento de las Unidades de Análisis de Contexto en la ley, estableciendo su adscripción a las recién creadas Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos cometidos en contra de Mujeres por Razones de Género.
Durante la sesión de la Comisión de Justicia estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá (presidenta) y Susana Bermúdez Cano, así como los diputados, Miguel Ángel Salim Alle, Bricio Balderas Álvarez, Cuauhtémoc Becerra González y Gustavo Adolfo Reyes Alfaro.
Acompañados por representantes de la Coordinación General Jurídica del Estado, del Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad La Salle Bajío y de la Dirección de Notarías del Estado de Guanajuato.