En sesión de la Comisión para la Igualdad de Género se radicaron y aprobaron las metodologías de análisis de dos iniciativas de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.
La primera, busca promover acciones tendientes a la resignificación de la masculinidad y para su estudio se remitirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.
La diputada Yulma Rocha Aguilar solicitó el uso de la voz y comentó que dicha iniciativa requería opiniones más extensas, por lo que proponía se incluyera en la metodología a la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y al INMUJERES (Instituto Nacional de la Mujeres), así como al Colectivo de mujeres contra las violencias machistas León Guanajuato. Su solicitud no fue aprobada.
La segunda, pretende reconocer y visibilizar la violencia por prejuicio en contra de las mujeres por su orientación sexual o su expresión de género no normativas, y en este caso se enviará a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.
Al respecto, la congresista Rocha Aguilar indicó que esa propuesta buscaba reconocer la violencia por prejuicio y dado que se trataba de un tema que estaba poco explorado y requería de mayores opiniones para el análisis y el debate, pidió se agregaran a la consulta a la CONAVIM, al INMUJERES, a la CONAPRED (Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación), al Colectivo de mujeres contra las violencias machistas León Guanajuato, a Amnistía Guanajuato, al Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, a Yumana, a LGBT Rights Guanajuato, Amicus Derechos Humanos, Colectivo Seres, Colectivo León, Gay, Centro Victoria Diez, entre otros.
Agregó que al venir la propuesta de una ciudadana era aún más importante que se les consultara, y debía extenderse porque no se han garantizado aún los derechos de dicha comunidad.
Al respecto, la congresista Katya Cristina Soto Escamilla propuso que primero se realizara la parte técnica y, posteriormente, derivado del análisis hacer la consulta a dichos grupos. En el mismo sentido se pronunció la legisladora Martha Guadalupe Hernández Camarena; mientras que la diputada Martha Edith Moreno Valencia manifestó que escuchar a la sociedad era parte fundamental en el tema legislativo y que no se debían cerrar las puertas sino actuar de manera responsable.
La solicitud de modificación a la metodología no fue validada.
Ambas iniciativas se mandarán a las diputadas y los diputados integrantes de esta legislatura, a la Coordinación General Jurídica y a las universidades que firmaron convenio con el Congreso. Todos los entes consultados tendrán un plazo de 15 días hábiles para remitir sus comentarios, se habilitarán ligas en el portal de internet del Congreso para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Estuvieron presentes las diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (presidenta), Katya Cristina Soto Escamilla, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Noemí Márquez Márquez y Martha Edith Moreno Valencia. Además asistió la congresista Yulma Rocha Aguilar.