Convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se llevó a cabo una mesa de trabajo para dialogar sobre cuatro iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato con diversas instituciones.
Las propuestas buscan garantizar los derechos de las personas adultas mayores; fortalecer los derechos de las personas adultas mayores y la creación de un Instituto de las Personas Adultas Mayores; establecer que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado deberá crear, de manera progresiva, albergues y casas de estancia en los 46 municipios del Estado; e incorporar en la ley una serie de elementos para el cuidado, atención y desarrollo integral de la persona adulta mayor, a fin de que pueda preservar su calidad de vida, en un ambiente libre de violencia. Fomentando un envejecimiento activo y saludable.
Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos comentó que los derechos humanos no deben ser concebidos como prerrogativas o privilegios; señaló que en el tema de violencia se debe agregar el abandono o negligencia; mientras que, Saori Aurora Sugita Verver y Vargas de la Secretaría de Salud comentó que el maltrato merece una atención urgente desde el nivel familiar hasta el social; y propuso eliminar el término de tanatología al considerar que es limitativo.
En su intervención, Mario Antonio Revilla Campos del Instituto de Investigaciones Legislativas señaló que se debería considerar un registro de personas adultas mayores; que debe continuar el Consejo derivado de la posibilidad de que se cree el Instituto de las Personas Adultas Mayores. En su oportunidad, Sergio Eduardo Sandoval Ávila integrante de la citada área precisó que las propuestas buscaban mejorar la calidad de vida de las personas y en general eran viables.
Belén del Rocío Espinoza Aguirre, directora de la Unidad de las Finanzas Públicas, puntualizó que sobre la propuesta para la creación de padrones de adultos mayores, no se identificaban los alcances presupuestales ya que faltaba el número de personas y otros detalles; en cuanto a la iniciativa que propone la creación de un Instituto Estatal para la Atención a Personas Adultas Mayores y la Procuraduría de la Defensa de Personas Adultas Mayores se advertían, dijo, varios impactos presupuestales y tendría un costo aproximado de 25.9 millones de pesos; mientras que la Procuraduría 16.1 millones de pesos.
Finalmente, el congresista David Martínez Mendizábal manifestó que se llevaría acabo una mesa de trabajo interna con asesores para revisar la redacción de las propuestas y tener un documento final.
En los trabajos de la mesa estuvieron presentes la diputada Esther Hernández Contreras; así como los diputados David Martínez Mendizábal y José Alfonso Borja Pimentel.
Además, participaron Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Saori Aurora Sugita Verver y Vargas, Edwin Oswaldo Vargas Ávila, Francisco Javier Magos Vázquez, Mario Flores Maldonado y Antonio Macías Escalante de la Secretaría de Salud; Belén del Rocío Espinoza Aguirre, directora de la Unidad de las Finanzas Públicas; Mario Antonio Revilla Campos, Beatriz Pérez Espitia y Sergio Eduardo Sandoval Ávila del Instituto de Investigaciones Legislativas; así como asesores de grupos parlamentarios.