El Pleno del Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a fin de que, en apego a sus facultades previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, proponga llevar a cabo las acciones necesarias para la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG).
El punto de acuerdo tiene su origen en una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Al hacer uso de la tribuna para hablar sobre las consideraciones de la propuesta, el diputado Miguel Ángel Salim Alle apuntó que el FIDESSEG buscó promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de forma coordinada con el sector público para acciones en matera social, de salud y seguridad pública.
Afirmó que, en apego al modelo para el ejercicio de los fondos del citado fideicomiso, los ejecutores del gasto son asociaciones civiles legalmente constituidas y registradas y fundaciones con modelo de responsabilidad social compartida, a quienes se define como responsables del ejercicio del gasto.
El congresista indicó que el ejercicio del gasto mostraba los retos para la respectiva ejecución de los fondos públicos, y habló sobre las áreas de oportunidad que se observan en el modelo, a fin de impulsar con mayor celeridad el ejercicio de los recursos.
Salim Alle consideró que era oportuno el valorar la conveniencia de modificar el modelo actual con el propósito de contar con herramientas administrativas que permitan atender, con mayor premura, las acciones sociales y de seguridad pública que se pretenden ejecutar.
Finalmente, el legislador precisó que el fideicomiso era sólo una vía de transferencia de recursos por lo que, en su caso, la extinción de dicho vehículo no debe interferir en el objeto que se pretende promover con la recaudación de ingresos a través de impuestos estatales para contribuir al desarrollo social y humano y a la seguridad de las y los guanajuatenses.
Al ser sometida a votación la solicitud de la obvia resolución se pronunciaron en contra la diputada Yulma Rocha Aguilar y el diputado Gerardo Fernández González.
Rocha Aguilar expresó que la búsqueda de desaparecer el FIDESSEG se relaciona con el poder manejar sus recursos que suman alrededor de mil 500 millones de pesos, que se quieren utilizar en el financiamiento del programa social de la tarjeta rosa que utilizó a las mujeres del estado como un activo electoral.
La congresista hizo mención que antes de querer desaparecer el fideicomiso en cuestión se debería someter a una evaluación y para la decisión si se tiene que modificar, perfeccionar, desaparecer o sustituir por otro mecanismo que abone a la participación ciudadana, a la participación empresarial y así se pueda financiar de manera efectiva proyectos sociales, con reglas claras y que esté sometido a un proceso de transparencia y de rendición de cuentas constante.
Por su parte, el diputado Gerardo Fernández González cuestionó cuál era la necesidad de poner el tema sin escuchar a la ciudadanía, que no comprendía a qué se debía la innecesaria exposición, porque al final de cuentas cualquier exhorto no determinaba si se mantienen o no los fideicomisos, ya que era algo que le compete al Ejecutivo.
Indicó que si consideraban que el fondo debía tener un cambio lo conveniente era que pasara por los procesos legislativos que todos llevan, una revisión en mesas donde se discuta si es necesario o no realizarlo y después ver si se hace o no el llamado, pero no adelantarlo así.
Para hablar en contra de la propuesta hicieron uso de la voz las diputadas Dessire Angel Rocha, Hades Berenice Aguilar Castillo e Irma Leticia González Sánchez; así como el congresista David Martínez Mendizábal.
Angel Rocha señaló que la participación y la colaboración de la sociedad civil y el sector empresarial en las decisiones de política pública fortalecen el estado democrático, siendo todos los mecanismos perfectibles al implementar evaluaciones continuas en el funcionamiento de políticas públicas y fideicomisos.
La congresista indicó que existen algunos aspectos por los cuales se está a favor del punto de acuerdo propuesto, porque las reglas establecidas por el gobierno y la forma en la que se constituyó el fideicomiso no ha garantizado que los recursos asignados puedan ser utilizados en su totalidad, por lo que es indispensable hacer una evaluación precisa de cómo mejorar la operación de dicho instrumento por parte de todos los niveles de gobierno.
Finalmente, externó que las decisiones en el sector público se deben de hacer con base en evidencia y con resultado de evaluaciones con una metodología estricta y las mejores prácticas que se desarrollan en la materia, además de manifestar que en ninguna parte del punto de acuerdo se propone el resultado de una evaluación para argumentar que la extinción del FIDESSEG es necesaria.
En su intervención, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo se refirió a las denuncias que han hecho por parte de su grupo parlamentario, y señaló que habían comentado que no era necesario el fideicomiso, que lo que no querían era que se utilizarán los recursos para darlos a familias afines al gobierno y no a quienes verdaderamente lo necesitan.
Afirmó que el FIDESSEG inició mal hecho porque no existió un estudio técnico que avalara su creación y quedará como una sombra de corrupción.
Asimismo, indicó que existen 3 mil 200 millones de pesos que no se ha comprobado hacia donde se envió el recurso, que desconocían que pasará con los mil 500 millones que quedan aún en el Fideicomiso, ya que de extinguirse no podrán decidir sobre el recurso como actualmente se estaba haciendo.
En su participación, el congresista David Martínez Mendizábal mencionó que el gobierno se debe ciudadanizar, donde el sector empresarial no debe de ser visto como la totalidad de la sociedad porque existen personas y organismos que de manera voluntaria están trabajando por el bienestar de los demás.
Agregó que lo que se pide es que el dinero público sea transparentado, debido a que en reiteradas ocasiones se pidió información del uso de los recursos del FIDESSEG y se presentaron varios obstáculos ante sospechas de actos de corrupción.
Finalmente, el diputado precisó que se está a favor de la ayuda a las organizaciones de la sociedad civil que ven por el bienestar de sectores de la sociedad que viven en pobreza y que están al pendiente de las situaciones de emergencia que se presentan en la entidad.
La congresista Irma Leticia González Sánchez consideró una lástima que se esté afectando una acción tan loable y que se esté echando abajo todo sin que esclarezca qué está sucediendo, que, si bien era cierto que el FIDESSEG ha tenido cierta opacidad, su manifestación es en contra de cómo se ha venido operando y lo que se tenía que hacer era revisar su manejo, si ha existido corrupción que se castigue y hasta transparencia del fideicomiso.
En rectificación de hechos, el diputado Armando Rangel Hernández puntualizó que el exhorto es para que se ponga sobre la mesa un tema, que no estaba sujeto a discusión para que se estime que es lo conveniente hacer con el FIDESSEG por las diversas inquietudes de las organizaciones civiles que han batallado para conseguir apoyo.
El congresista comentó que existe un compromiso con la gente que no ha podido encontrar una respuesta oportuna del FIDESSEG, que son mucho más numerosos que aquellos que sí han encontrado una respuesta favorable, siendo esta propuesta una forma de democratizar que se va a hacer con los mil 500 millones de pesos que están sin movilizarse.
El punto de acuerdo fue aprobado por 23 votos a favor y 12 en contra.