En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato en materia de archivos.
Con estas acciones se da cumplimiento a la Ley General de Archivos, al atenderse la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Legislativo, lo cual se traduce en un poder más transparente.
Con estas modificaciones se cambia la denominación actual de la Dirección del Diario de los Debates y Archivo General para queda como Dirección General de Archivos; se establecen como atribuciones de la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario el elaborar y llevar el Diario de Debates, y comunicar y notificar en su caso, los documentos que deriven de las sesiones de Pleno, de la Diputación Permanente y de las comisiones legislativa.
Además se precisan las atribuciones de la Dirección General de Archivos entre ellas promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos; coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos llevando las acciones de gestión documental y administración de los archivos de manera conjunta con las áreas administrativas del Congreso del Estado; elaborar los instrumentos, criterios y políticas de control archivístico previstos en las leyes de la materia; entre otras.
Protestas
Como parte del orden del día de la sesión, rindieron protesta la ciudadana Edna Jessica Muñoz Escoto y el ciudadano Luis Gabriel Borja Rodríguez como magistrada y magistrado propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como del ciudadano Mauricio Cárdenas Zarandona como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
De igual manera, Eduardo López Mares como consejero del Poder Judicial del Estado, quien ocupará el cargo por el término de 4 años a partir de este día; así como Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís y Diana Arce Romero, como magistrado y magistradas, respectivamente, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, quieres durarán en su cargo 10 años a partir de hoy.
Previamente se llevó a cabo la discusión de los dictámenes correspondientes a los citados nombramientos en los que se pronunciaron en contra del nombramiento del consejero del Poder Judicial del Estado las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Martha Edith Moreno Valencia; así como el diputado Gerardo Fernández González.
Rocha Aguilar indicó que la independencia del Poder Judicial es vital para un Estado democrático en el que tiene que haber contrapesos y se tiene que ejercer una neutralidad que no va acorde a la imposición de un ex presidente de un partido político.
La legisladora expresó que el intentar controlar el órgano de gobierno del Poder Judicial a través del reparto partidista es contrario al espíritu constitucional, junto a calificar como peligroso debido a que se manda un mensaje de que la ideología política pude ser determinante para la carrera judicial dejando a un lado el mérito, la capacidad y la experiencia para la promoción profesional.
Concluyó que el órgano judicial debe ser especializado, imparcial, técnico, autónomo y que respondan a los intereses y principios del estado de derecho y no a los proyectos sexenales del actual gobierno en puerta; situación que se traduce en influencia política en la justicia, privilegios procesales, potestad para seguir generando nombramientos en puestos claves y quitar aquellas personas incómodas.
Por su parte, la congresista Martha Edith Moreno Valencia indicó que lo que estaba sucediendo era un acuerdo entre el actual gobernador y la gobernadora electa. Que se estaba recurriendo a las prácticas de siempre y que se repartieron cuotas a sus allegados.
Afirmó que no se defendían las instituciones ni el equilibrio de poderes, sino que estaban alineándolo a sus intereses. Asimismo, subrayó que se estaba subordinado el Poder Judicial al Ejecutivo y externó que impulsaran una reforma judicial en la entidad para que la ciudadanía pueda participar activamente en la designación de jueces y magistrados que garanticen la profesionalización de las personas que formen parte de ese Poder y, a su vez, combatan la corrupción que existe al interior de este.
Después de hablar de los privilegios que dijo tienen, apuntó que no solo iban a rechazar la arbitrariedad que estaba por imponerse, sino que impulsarán una reforma al Poder Judicial estatal.
En su intervención, el legislador Gerardo Fernández González manifestó que el ejercicio de la función judicial contribuye de manera directa y significativa a la preservación del Estado de derecho y a la seguridad jurídica de la ciudadanía, lo que hace necesario que se tenga con personas servidoras judiciales especializadas y con preparación idónea.
El congresista indicó que la propuesta a discusión es una estocada a adecuada función judicial y sus principios, debido a que existe una clara intención de partidarizar la justicia de la entidad sin importar poner en riesgo la división de poderes al postular a un político sin experiencia y sin conocimiento para asumir dicho cargo.
Finalizó señalando que el único mérito de la persona para estar en la terna es tener una licenciatura en Derecho y haberse desempeñado como dirigente estatal del PAN, siendo inexplicable la vulneración de los principios de honradez y de imparcialidad que exige el Consejo del Poder Judicial.
El dictamen se aprobó con 24 votos a favor y 11 en contra; y se designó a Eduardo López Mares con 24 votos a favor y 11 abstenciones.
Al someterse a votación el dictamen relativo a la propuesta formulada por el gobernador del estado de nombramiento del ciudadano Vicente de Jesús Esqueda Méndez, como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado hablaron en contra el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y la diputada Yulma Rocha Aguilar.
Prieto Gallardo apuntó que era un nuevo intento de imposición en lo que debería ser un órgano público autónomo encargado de las diferencias entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía. Señaló que durante su gestión como Procurador de los Derechos Humanos otorgó once plazas a sus allegados, algunos en puestos directivos.
Indicó que la persona que intentan imponer es esposo de la mano derecha de la gobernadora electa, y manifestó que el pueblo tiene memoria y que tarde o temprano tendrían que rendir cuentas por lo que estaban haciendo.
En su oportunidad, la legisladora Yulma Rocha Aguilar mencionó que las imposiciones de magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa significa un debilitamiento institucional por la falta de personas con la experiencia y credenciales idóneas para asumir puestos relativos a las resoluciones entre disputas por parte de la ciudadanía y el Poder Ejecutivo de Guanajuato.
Agregó, que las acciones puestas a discusión descomponen el Estado de derecho y las instituciones de la entidad, siendo clara la protección a futuro al integrarse a persona a fines a una ideología partidista a los órganos jurisdiccionales porque los actos de corrupción y excesos del partido mayoritario serán revisados.
El dictamen fue aprobado por 26 votos a favor y 9 en contra, y el nombramiento de Vicente Esqueda Méndez con 28 votos a favor y 7 en contra.
Al discutirse la propuesta de nombramiento de Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, como magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se pronunciaron en contra la diputada Rafael Fuentes Rivas y el congresista Gerardo Fernández González.
Fuentes Rivas indicó que la imposición no podía explicarse por la capacidad técnica, porque la persona propuesta no contaba con la experiencia ni el perfil adecuado, sino que se tuvieron que dar diversas justificaciones para decir que el derecho penal se parecía al administrativo. Apuntó que la entidad merecía que se investigara al fiscal general y no que le concedieran una magistratura a un familiar.
En su intervención, el diputado Gerardo Fernández González indicó que la carrera profesional en el estado está más relacionada con la afinidad política que con el mérito de las personas, toda vez que la persona propuesta para uno de los cargos como magistrada no está vinculada al perfil profesional por no contar con cinco años de ejercicio profesional en materia administrativa o fiscal. Finalmente señaló que pugnaban por la legalidad al cargo de magistrada al Tribunal de Justicia Administrativa y se evaluara de manera imparcial.
El dictamen fue aprobado por 24 votos a favor y 11 en contra, y el nombramiento de Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís con 25 votos a favor y 10 en contra; mientras que el dictamen correspondiente al nombramiento Diana Arce Romero, se aprobó con por 26 votos a favor y 9 en contra, y su nombramiento con 27 votos a favor y 8 en contra.
Otras aprobaciones
Se avaló la modificación de la integración de las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Turismo y de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, para la reincorporación de la diputada Dessire Angel Rocha.
Asimismo, se aprobó el informe de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2024.
Mismo trámite tuvieron los dictámenes de dos propuestas legales en los cuales se ordena su archivo definitivo.
Se trata del punto de acuerdo que buscaba exhortar a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado para que enviara un informe detallado de los programas que actualmente tiene en operación o implementara para lograr un efecto multiplicador de las remesas y un beneficio a las familias y ciudadanos guanajuatenses en el extranjero y en el Estado; así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para que reforzara los mecanismos y medidas de seguridad permanentes enfocados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por México; así como de una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato con el objeto de fortalecer la atención de migrantes en tránsito y migrantes jornaleros.
También se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la solicitud de revocación de mandato formulada por el Ayuntamiento de Purísima del Rincón, en contra del ciudadano Salvador Cruz Villegas, regidor de dicho ayuntamiento.
Asuntos generales
En el apartado de asuntos generales hicieron uso de la tribuna la diputada Katya Cristina Soto Escamilla; así como los diputados Gerardo Fernández González y David Martínez Mendizábal.
El diputado Gerardo Fernández González indicó que a lo largo de esta legislatura presentaron más de 70 iniciativas y propuestas de puntos de acuerdo que buscar dar voz a los grupos sociales que a lo largo de la historia se les ha relegado, en los que destacan los temas de juventudes, diversidad sexual, medio ambiente y cuidado animal.
Por su parte, la congresista Katya Cristina Soto Escamilla habló sobre los 500 años de fundación de Apaseo el Grande y destacó que ese municipio ha sido testigo de diversos acontecimientos históricos.
Finalmente, el diputado David Martínez Mendizábal comentó que presentaron más de 400 productos legislativos, que su grupo parlamentario fue congruente con sus principios y externó su orgullo por la labor legislativa realizada.
Consulta las intervenciones íntegras en https://www.youtube.com/live/G5GHaDobmzQ?si=IEyeAqAwgWZmHfQi