La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó el dictamen en conjunto donde se archivan cuatro diferentes iniciativas de reforma relativas a adultos mayores.
Las primeras propuestas buscan modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato; a fin de garantizar los derechos de las personas adultas mayores; y para crear albergues y casas de estancia en los 46 municipios del estado en beneficio de las personas de la tercera edad.
Así como las que incluyen reformas al Código Civil y al Código Penal para el Estado de Guanajuato; que busca garantizar de mejor manera los derechos de las personas adultas mayores y la creación de un Instituto de las Personas Adultas Mayores; y para definir el concepto de violencia contra las personas adultas mayores.
Al hacer uso de la voz, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla expresó que en el último análisis de las iniciativas en comento se llevaron acuerdos que no se ven reflejados en el dictamen, lo que genera desconfianza por no ver las manifestaciones y puntos de vista concordantes en las reuniones de la comisión, además de recalcar que desde su grupo parlamentario siempre se ha tenido la encomienda de ver por los adultos mayores, siendo ejemplo de ello que en esta ocasión se buscó mejorar las iniciativas con disposiciones efectivas que permitan una mejor calidad de vida.
Por su parte, el legislador Alfonso Borja Pimentel reiteró que existen aspectos en el dictamen que se incluyeron sin ser parte del consenso que se llevó a cabo en la última mesa de trabajo, junto a que hay que tomar en cuenta que habrá cambios en la modificación del nombre de algunas secretarías que tienen relación con el tema central. Asimismo, dijo que deberían empatar con totalidad los aspectos más recientes hablados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores con los procesos legislativos actuales.
En su intervención, el congresista David Martínez Mendizábal indicó que el dictamen recoge las coincidencias fundamentales de las mesas de trabajo que se tuvieron con organismos de la sociedad civil organizada donde no se requiere un programa disminuido de las presidencias municipales o del DIF, al contrario se necesita una reestructura institucional que responda a las necesidades del grupo poblacional en cuestión.
Finalmente, se radicó la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato para establecer como requisito negativo de idoneidad en los procesos de designación de la persona titular de la Auditoría Superior, magistraturas, consejerías del Poder Judicial y de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, el no haber sido dirigente de partido político en los cinco años anteriores y en el caso de la Fiscalía, contar con experiencia y formación especializada en la materia del cargo.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Katya Cristina Soto Escamilla, así como los diputados David Martínez Mendizábal, José Alfonso Borja Pimentel y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.