En sesión ordinaria, rindieron protesta ante el Pleno del Congreso local Arcelia María González González como secretaria de la Honestidad, y Christian Javier Cruz Villegas, como magistrado del Poder Judicial, quien ocupará dicho cargo por un término de siete años, contados a partir de este día.
Previo a su protesta, se sometieron a votación ambos dictámenes.
La diputada María Eugenia García Oliveros habló en contra del dictamen relativo a la propuesta de terna para la designación de un magistrado propietario del Supremo tribunal de Justicia del Estado y señaló que no estaban de acuerdo en que el Poder Judicial del Estado siga estando completamente influenciado por el Poder Ejecutivo estatal, ni con los dedazos, porque en la conformación de la terna se repetían, dijo, los mismos vicios de siempre, ya que no representaban los perfiles idóneos para ocupar dicho cargo.
Agregó que la Constitución Política local era muy clara en los requisitos y que no decía que bastaba con alguno de ellos para poder serlo, por lo que instó a sus homólogos a reconsiderar su voto.
En rectificación de hechos, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que se hizo el análisis de los expedientes de acuerdo con la facultad que tiene la gobernadora del estado y que el dictamen lo que contiene es el cumplimiento de los requisitos legales.
Como autor del dictamen relativo al nombramiento de la titular de la Secretaría de la Honestidad hizo uso de la tribuna el congresista Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló que lo que se iba a ver era un caso de colaboración y separación de poderes.
Precisó que hubo una época en la que solamente la gubernatura nombraba a todo su equipo, después se tomaron dispositivos para el caso de la entonces Procuraduría General del Estado y ahora se hacía para la Secretaría de la Honestidad.
Remarcó que se estaba con esta ratificación haciendo un ejercicio de pesos y contrapesos. Si bien adelantó que, muy probablemente en otro momento tendrían que haber comparecencias para estos casos, porque es lo deseable y se hace casi en todos los parlamentos del mundo, lo que se tenía que ver era si la persona tiene la elegibilidad para poder atender las responsabilidades que tendrá al frente de la citada Secretaría.
Finalmente, se refirió a la experiencia de la persona propuesta y señaló que su currículo probaba su amplia formación y capacidad para asumir la función para la cual era propuesta.
Minutas federales
Como parte del orden del día se aprobaron tres Minutas Proyecto de Decreto por las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios; de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; y Guardia Nacional.
Salarios
Hablaron a favor de la minuta en materia de salarios el diputado José Salvador Tovar Vargas y la diputada Maribel Aguilar González.
En su intervención, el congresista José Salvador Tovar Vargas dijo que un salario justo es un derecho fundamental por tratarse de un tema de justicia social y una cuestión de dignidad de todas las personas.
Agregó, que se está conscientes en que la implementación tenga un enfoque equilibrado y que proteja a ambos sectores de la economía, además de que parte de la reforma se refiere a saldar una deuda que tiene con las y los médicos, enfermeras, maestros, maestras y policías.
Finalmente, el congresista mencionó que se tiene un compromiso con implementar los nuevos derechos para todas las y los trabajadores, siendo una de las razones por lo que se pide el voto a favor.
Por su parte, la diputada Maribel Aguilar González aplaudió la reforma al señalar que brinda un blindaje al salario mínimo de las y los mexicanos. La mejora salarial logró reducir la pobreza para que los trabajadores pudieran cubrir mejor sus necesidades básicas, el objeto del gobierno de México es que el salario mínimo sea suficiente para que una familia pueda cubrir sus necesidades normales.
Apuntó que se pretender regular el tema de los salarios, porque, por ejemplo, en Guanajuato se tienen los peores y está muy por debajo de lo que deberían de recibir. Finalmente, refrendó su compromiso con la clase trabajadora de la entidad.
Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
El diputado Roberto Carlos Terán Ramos habló a favor de la minuta en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y mencionó que los pueblos originarios de Guanajuato encarnan una diversidad cultural y lingüística que crea un sentimiento de orgullo, lo que hace de gran relevancia el punto discutido por ser un avance sustantivo en beneficio de los pueblos y comunidades, quienes han enfrentado una lucha social e histórica en condiciones estructurales de pobreza, marginación, discriminación y desigualdad.
Precisó que la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es fundamental para formalizar sus derechos colectivos y la conservación de sus costumbres y tradiciones, lo que beneficia a las 35,189 mujeres y 32,051 hombres distribuidos en 96 localidades de los 13 municipios del Estado de Guanajuato.
Por su parte, la diputada Plásida Calzada Velázquez refirió que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han sufrido diferentes abusos a sus derechos humanos desde la época de la conquista y también en tiempos actuales.
La congresista expresó que la reforma simboliza un acto elemental de justicia por resarcir una deuda histórica de la patria por la creación de leyes que promueven la igualdad y que vislumbran a México como un país multicultural que lucha contra las condiciones de discriminación, racismo e injusticia.
Finalmente, la diputada mencionó que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han pasado de ser sujetos de interés público a los que se debe tutelar y cuidar para pasar a ser sujetos titulares de derechos y obligaciones para alcanzar su completa autonomía.
Guardia Nacional
En cuanto a la minuta en materia de Guardia Nacional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks habló como autor del dictamen. Se refirió a la situación de México y dijo que es un país ensangrentado y urgido de construir paz y seguridad.
Indicó que la ley no ha sido instituida para ser un instrumento de opresión. Se refirió a cuatro aspectos; a la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional; en qué consiste la iniciativa constitucional; los problemas que advierten en el diseño y una reflexión.
Añadió que no se ha logrado tener una corporación con toda la atención necesaria y dijo que hoy se tienen varios problemas; uno que tiene que ver con el diseño conceptual, porque la reforma no pasa el filtro y es abiertamente inconvencional; atenta contra los derechos humanos de las personas y no cumple el derecho del principio de progresividad, de manera tal que abre la puerta para algunos riesgos, por ejemplo que las fuerzas armadas y la guardia nacional están facultada para investigación de delitos del fuero común e inclusive cateos y hasta espionaje.
Subrayó que la solución es una estrategia integral, que no se trata de combatir la inseguridad sino de construir la seguridad y para eso se requiere educación, salud, empleo, alimentación, seguridad y agua; se requiere una coordinación completa de todo el aparato público, de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión; policías de inteligencia y participación ciudadana.
Finalmente, celebró que la gobernadora y la presidenta de la República estén viendo el tema porque, dijo, están urgidos de soluciones no de pretextos, pero no era desnaturalizando las fuerzas armadas ni adjudicando la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, sino teniendo mejores policías municipales y fortaleciendo capacidades.
Por su parte, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo habló en contra del dictamen y precisó que existe una confusión entre policía militar y policía civil, por lo que no es adecuado llamar que existe una militarización en el país, debido a que la Guardia Nacional tiene una formación civil y su finalidad es velar por la seguridad de la ciudadanía.
La congresista mencionó que no es comprensible la razón de no querer fortalecer a los elementos de la Guardia Nacional, cuando no se tienen estrategias efectivas en el estado para contrarrestar la problemática de inseguridad, lo que calificó como una incongruencia y como una falta de responsabilidad de votar en contra de dicho fortalecimiento.
En su oportunidad, el congresista Rodrigo González Zaragoza remarcó que había mucha confusión y que no eran cosa menor los pasos que se estaban dando a nivel nacional y local, en la consolidación de estrategias difusas, confusas y alejadas de un marco general en el respeto de los derechos humanos.
Afirmó que, en su movimiento, creían que la seguridad siempre debe ser bajo una óptica y una perspectiva netamente ciudadana y civil, y que eso había sido un compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña del 2018, que prometió que los militares iban a regresar a sus cuarteles, y que ahora se estaba haciendo uso del cuerpo de la milicia en tareas de seguridad pública.
El diputado subrayó que no estaban de acuerdo con ese modelo porque lo que esperan las mexicanas y los mexicanos del Estado Mexicano es responsabilidad y respeto a los derechos humanos y tener una policía profesional, con capacidad de investigación y de reacción en base a la inteligencia y a la proximidad social.
Finalmente, subrayó que no le apostaban a la fuerza bruta porque la violencia siempre tiene como consecuencia más violencia.
En su intervención, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor dijo que la responsabilidad de atender los problemas de inseguridad compete a los tres niveles de gobierno y que no debe de repercutir solo en la federación.
Agregó que la Guardia Nacional ha sentado precedentes positivos en el país al hacer referencia a la Encuesta Nacional de Seguridad Púbica Urbana realizada por el INEGI en el 2024, el 84.9% de la población mexicana percibió como efectivo el desempeño de dicha institución.
El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos.
Al ser sometido a votación en lo particular, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero formuló una reserva al señalar que la Guardia Nacional conserva facultades extraordinariamente importantes incluyendo formular de manera coordinada la estrategia de seguridad pública, nombrar titulares de las coordinaciones territoriales, así como organizar, dirigir y supervisar las instituciones de seguridad pública bajo su adscripción.
Indicó que estaban a favor de la Guardia Nacional en México y se pronunció porque se sumen para que se logre una Guardia Nacional Civil fuerte, preparada y capacitada, ya que dijo, el éxito de la Guardia Nacional es parte fundamental del éxito para pacificar el país y al Estado.
Finalmente, argumentó que la propuesta de modificación es que diga “Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, que remite la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión”.
Al hacer uso de la voz, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván expresó que la seguridad de la ciudadanía debe estar en manos de autoridades de carácter civil bien capacitadas, preparadas y entrenadas para que puedan servir correctamente a todas las personas del estado.
El congresista refirió que es clara la demanda de la colaboración entre el Gobierno Federal, Estatal y los 46 municipios porque es necesario el trabajo en conjunto y e apoyo mutuo de los distintos órdenes de Gobierno que permita tener resultados efectivos.
Finalmente, el legislador precisó que existe la intención del diálogo manifestada por la Gobernadora de Guanajuato y de la presidenta de la República que han demostrado la autocrítica y así cada uno de los órdenes de gobierno haga su parte para construir estrategias que abonen a la seguridad.
En rectificación de hechos, el diputado David Martínez Mendizábal subrayó que la coordinación es muy necesaria, y que se comprendía que Guanajuato no es una isla y no se comanda solo sino que forma parte de la Federación y que la materia de seguridad pertenece a los tres niveles.
En respuesta, el diputado Rodrigo González Zaragoza expresó que existe una incongruencia por parte del Partido Acción Nacional al no respetar los esfuerzos por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al ser la postura clara del no a la militarización.
El debate continuó y se sumaron el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor y la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco.
La reserva fue aprobada por mayoría de votos.