El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, para reconfigurar el delito de cobranza extrajudicial ilícita y el delito de extorsión; así como ampliar los supuestos de la figura agravada de este último tipo penal e incrementar su punibilidad, con la finalidad de salvaguardar el bien jurídico relativo a la seguridad de las personas.
En el documento se señala que uno de los mayores problemas que se han disparado en los últimos años en el país son los delitos que atentan contra la seguridad de las personas, en específico aquellos que les roban su tranquilidad, como lo es el delito de extorsión que se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad y la economía de México.
Se refiere que la extorsión afecta al 86% de la población, siendo un reflejo de la debilidad institucional y la expansión de los grupos criminales que impera en el país, mismos que operan con impunidad a lo largo y ancho del territorio nacional, además de que la delincuencia organizada ha evolucionado en sus modus operandi y en los delitos que les resultan más lucrativos.
“Estas conductas delictivas amenazan la cohesión social, pues producen un impacto devastador en la sociedad, a través de la industria del miedo, alimentada por redes sociales, medios de comunicación y el control criminal, han convertido ese delito en una herramienta de terror masivo, cuyos efectos devastadores van más allá del ámbito económico de la sociedad”, se subraya en el texto.
Asimismo, se puntualiza que la propuesta busca establecer una definición precisa del delito de extorsión, que abarca todas las formas y variables en que se manifiesta esta práctica ilícita, empleando términos claros, para que los destinatarios de las normas puedan conocer con exactitud sus alcances de la conducta delictiva.
Finalmente, se subraya que la iniciativa tiene un alto impacto social en la vida de las personas que viven en estado de Guanajuato, pues se sancionan aquellas conductas que transgreden su seguridad, que les roben la tranquilidad, que les generen desequilibrio físico y psicológico, que les menoscaban la libertad, la integridad física y el patrimonio, pues se amplían los supuestos que constituyen la comisión del delito de extorsión y se incrementan las sanciones para los imputados.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.