Este día, en sesión del Pleno del Congreso local se aprobaron los dictámenes de cuatro Minutas Proyecto de Decreto por las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública, protección y cuidado animal, prisión preventiva oficiosa y simplificación administrativa.

Las dos primeras en sentido positivo y las otras dos en sentido negativo.

Seguridad Pública

Al hablar como autor del dictamen, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra manifestó que es una reforma que potencializa las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y prevalece la coordinación y articulación que debe fortalecerse entre los tres órdenes de gobierno, quedando el liderazgo y la directriz de las acciones en materia de seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Los esfuerzos por restablecer la paz en todo el país y por garantizar a todas las personas la tranquilidad y el respecto a todos sus derechos, no pueden ser aislados, debe haber trabajo conjunto, coordinado y colaborativo”, enfatizó el congresista.

Finalmente, dijo que las acciones en materia de seguridad pública deben estar perfectamente articuladas, para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas y dar la mayor protección del Estado a las mujeres, adolescentes, niñas y niños y contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

En su intervención para hablar a favor, el congresista José Erandi Bermúdez Méndez manifestó que se está reconociendo que hay un grave problema en el tema de seguridad, al reestructurar a nivel nacional su atención.

Habló que con la reforma se consolida la estrategia de seguridad pública y de protección a la población, así como robustece el combate a la delincuencia y a la reducción de la criminalidad.

Agregó que la investigación de los delitos es competencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, es decir, se establece el instrumento jurídico-constitucional que permite su participación efectiva en la investigación de los delitos.

Finalmente, enfatizó que esperaban realmente resultados concretos que disminuyan la criminalidad y la inseguridad que padecen las y los mexicanos; y que se traduzca en sentencias condenatorias contra los responsables de los delitos más graves que aquejan a los ciudadanos, como son la delincuencia organizada y la extorsión.

En su oportunidad, el legislador Alejandro Arias Ávila manifestó que el tema de la seguridad pública ha estado en centro del debate en la sociedad, donde la seguridad y justicia han pasado de ser de objeto de análisis a críticas constantes, la cual requiere ser atendida de manera eficiente y oportuna por los gobiernos de los tres ámbitos.

También comentó que resulta necesario el reforzamiento de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el objetivo de dotar de instrumentos jurídicos que permitan su participación efectiva en la investigación de los delitos con el fin de enfatizar la coordinación interinstitucional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia.

Indicó que el dictamen engloba una enfatización en la coordinación institucional para ser más eficiente el combate a la delincuencia, al integrar a la Secretaría de Investigación de los Delitos dotándola de la capacidad para generar investigaciones.

Agregó, que con ello se mejorará la actuación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que destaca la vigilancia y el control de los fondos federales destinados a la seguridad, se establece que el Secretariado Ejecutivo estaría facultado para emitir acuerdos y lineamientos, homologar estándares de actuación y demás aspectos que sientan las bases para la renovación y el fortalecimiento estratégico en materia de seguridad.

El diputado Rodrigo González Zaragoza mencionó que se ha venido insistiendo en su movimiento desde hace muchos años sobre el desmantelamiento que se ha hecho por años de las policías municipales y que ahora se refuerzan con herramientas efectivas de coordinación, pero consideró que deben ir más allá, profesionalizarlos, entregar las herramientas básicas necesarias para realizar una carrera y que la policía de investigación tenga operatividad a nivel municipal con efectiva coordinación.

Protección y cuidado animal

Como autor del dictamen, el congresista Aldo Iván Márquez Becerra precisó que con estas reformas se prohíbe el maltrato animales, tanto en la crianza como en el aprovechamiento de esos animales para consumo, se incluye la incorporación de esos temas en los planes y programas de estudios de la educación en México, entre otros aspectos.

Apuntó que un trato digno es ofrecer bienestar físico y emocional porque son seres que brindan afecto y llegan a ser parte de las familias, y eso es no sólo compasión sino señal de la capacidad para ser mejores eres humanos.

Márquez Becerra argumentó que esta reforma no solo refleja un avance legal sino un cambio cultural que promueve la empatía, seguridad y respeto hacia los seres sintientes, acto que refuerza los valores sociales como la compasión y la responsabilidad. “Votar a favor representará un avance integral hacia una sociedad más ética, saludable y comprometida con el bienestar de los animales”, concluyó.

Hicieron uso de la tribuna para hablar a favor de la propuesta las diputadas Ana María Esquivel Arrona e Luz Itzel Mendo González.

La legisladora Ana María Esquivel Arrona señaló que toda persona tiene la responsabilidad de preservar, cuidar, proteger y respetar a los animales siendo fundamental un trato con dignidad hacia ellos, por ello la importancia de legislar a favor de la protección animal por materializarse derechos básicos y evitar maltratos.

La congresista precisó que el dictamen gira en torno al reconocimiento de los animales a rango constitucional, lo que simboliza dar paso a reconocer que los animales son seres sintientes capaces de experimentar dolor, estrés y sufrimiento, así como fortalecer valores como la compasión, la responsabilidad y el respeto hacia otras formas de vida

En su oportunidad, la diputada Luz Itzel Mendo González comentó que era un dictamen histórico para el país y el estado, porque es un parteaguas en materia de protección y respeto a la vida animal.

Afirmó que se está caminando hacia el país por el que han luchado durante años, un México respetuoso de la vida de cualquier ser, sin importar la raza o especie. Agregó que para alcanzar esto, se ha recorrido un largo camino desde el reconocer a los animales como seres sentientes, hasta establecer sanciones adecuadas en los códigos penales.

“Esta reforma nos llena de alegría, ya que es un avance legislativo necesario y urgente; y que, dicho sea de paso, viene a darnos las herramientas para seguir construyendo un Guanajuato garante de la protección animal por el que hemos peleado por más de 30 años”, enfatizó, la legisladora.

Prisión preventiva oficiosa

Como autora del dictamen hizo uso de la tribuna la diputada Susana Bermúdez Cano Susana Bermúdez Cano, quien indicó que la libertad es la base para el desarrollo de los derechos humanos y esencial para la construcción de un verdadero estado de derecho, porque sin libertad las personas estarían sujetas a los caprichos de quienes ostentan el poder a nivel federal que no dimensionan los efectos procesales violatorios que se derivan a temas de inconstitucionalidad.

Agregó que se están proponiendo arbitrariedades y que no se está llevando a cabo un análisis de lo que va a pasar con las personas que resulten inocentes y no se les asigne una sanción condenatoria, además de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México hacer cambios a la prisión preventiva oficiosa, al considerar que vulnera los derechos de las personas.

Finalmente, calificó como una dictadura lo que se vive en el país, por tener un ejército sobre empoderado, una prisión automática, la inexistencia de órganos autónomos, el no contar con contrapesos en el Congreso, con la división de poderes desarticulada y por tener al Poder Judicial capturado.

Al hablar en contra del dictamen, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor aclaró que la prisión preventiva oficiosa está debidamente contemplada tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Apuntó que las medidas cautelares tienen como objetivo evitar la sustracción del imputado, reducir riesgos para la víctima y el ofendido, entre otras, y que contrario a lo que se señala en el dictamen no vulnera el principio de legalidad en un Estado de Derecho ni constituye un mecanismo para castigar anticipadamente a una persona ni se le priva de defenderse sobre lo que se le imputa.

Añadió que con esta medida se les brida tranquilidad a las víctimas garantiza, la protección de la vida, la salud y el patrimonio frente a riesgos procesales que están fuera del control de las autoridades; y dijo que el hecho de que exista esa figura no significa que alguien va frente a un juez sin pruebas.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Karol Jared González Márquez comentó que a pesar de que la prisión preventiva oficiosa se encuentre establecida en la Constitución, ello no garantizará que deje de ser una figura jurídica arbitraria, pues es contraria al debido proceso y violatoria de derechos humanos.

Afirmó que eso pone en grave riesgo el derecho a la integridad de la persona que está siendo procesada, ya que la prisión preventiva oficiosa significa pisar la cárcel de manera automática.

González Márquez apuntó que la reforma constitucional amplió el número de delitos considerados como graves que ameritan la prisión preventiva oficiosa para aquellos que se realizan en contra de la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, lo que implica una prisión automática.

Argumentó que la Corte Interamericana ya solicitó a México eliminar dicha figura de prisión preventiva oficiosa porque además ya no se cuenta con la presunción de inocencia. Enfatizó que se debe privilegiar la prisión preventiva justificada.

Finalmente, instó a sus homólogos a que cada iniciativa o reforma se visualice y profundice en los verdaderos problemas de a quién se va a afectar y hasta dónde se puede llegar, porque hoy como está se estará metiendo en la cárcel a un inocente.

En su oportunidad, la legisladora Rocío Cervantes Barba indicó que el análisis de la prisión preventiva es el más importante porque constituye el instrumento legal más violento que posee el Estado, debido a que este mecanismo dictado al iniciar el proceso penal supone una privación de libertad basada en un pronóstico, una probabilidad, y no en la certeza probatoria y la culpabilidad de la persona.

También comentó que esta medida debe ser la última alternativa para el aseguramiento del desarrollo y resultado del proceso pues no tendría sentido, cuando no existen medidas alternativas preferentes.

Finalmente, precisó que la prisión preventiva oficiosa no debe subsistir sin que ésta se aplique sin la ponderación de un juez ante la petición justificada del Ministerio Público de la necesidad de su aplicación en forma fundada, razonada y proporcional al delito y a las circunstancias que lo rodean.

La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco externó su preocupación por que la prisión preventiva siga viéndose como solución a los problemas que aquejan al país, ya que, dijo, hasta hoy no hay pruebas de su efectividad ni de que contribuya a erradicar la inseguridad.

Mencionó que las mujeres son quienes más sufren de este flagelo, y que los pobres son quienes más afectados se ven, porque las cárceles no estaban llenas de culpables sino de gente que no cuenta con recursos para llevar sus juicios en libertad, ya que, subrayó, en México la libertad sigue siendo para quienes la pueden pagar.

Pedroza Orozco enfatizó que la reforma no es compatible con un Estado que defiende los derechos humanos, y que su grupo parlamentario decía no al encarcelamiento de personas sin previo juicio y sentencia dictaminada, a la criminalización y al punitivismo, y se pronunció por hacer valer el principio de presunción de inocencia.

Simplificación administrativa

Como autor del dictamen, hizo uso de la voz el diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien expresó que para tener una democracia fuerte se necesita una rendición de cuenta, proveer la estabilidad del desarrollo político, económico y social, tener un Poder Judicial independiente, organismos legislativos fuertes e independencias y una gobernanza con eficacia y resultados con participación ciudadana.

Agregó que las instituciones no son perfectas pero sí necesarias donde el punto central radica en fortalecer cada una de ellas y no crear discursos superficiales que promueven su desaparición, toda vez que se vulnera la protección de los datos personales y el acceso a la información, no se tendrá una institución seria que mida la pobreza, habrá una falta de atención al consumidor, no se verán preciso de energía justos, no habrá una regulación imparcial en telecomunicaciones y no se tendrá una medición objetiva de la educación.

Finalmente, el congresista indicó que la centralización no abona a tener contrapesos en e poder, se pierde la imparcialidad y con ello la transparencia, la seguridad jurídica, entre otras cosas que se deben enfocar más en cómo mejorar cada una de las instituciones que se quieren suprimir.

Al hacer uso de la voz para hablar en contra, el congresista David Martínez Mendizábal apuntó que la derecha no entendía que ganaron con 60% de la votación con casi 36 millones de votos, y que no engañaron a nadie porque dijeron cómo iban a gobernar.

Afirmó que era falso que desaparezca el derecho a la información y la forma de medir la pobreza; y subrayó que lo que estaba en pugna es un tipo de Estado que quieren construir, además de que no sabían lo que era la justicia social.

En rectificación de hechos, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que existe una burla exagerada al pueblo por las preguntas que se hacen a uno de los institutos que defienden el derecho a la información, al buscar destruir con un discurso falso que ha dejado en evidencia la distinción de aquello que llaman un estado neoliberal.

El debate continuó con las intervenciones de la diputada Susana Bermúdez Cano; así como de los diputados José Erandi Bermúdez Méndez y David Martínez Mendizábal.

La congresista María Isabel Ortiz Mantilla también se pronunció a favor del dictamen. Indicó que un Estado fuerte no es aquel que concentra todas las decisiones en una sola esfera de poder, sino aquel que reconoce y fortalece la pluralidad institucional como un pilar de la gobernabilidad democrática.

También comentó que hay dos aspectos fundamentales en la discusión que se divide en buscar más ciudadanía o buscar más control, toda vez que la responsabilidad que se tiene frente a las personas que los eligieron es para mejorar la democracia, mejorar el país, fortalecer las instituciones y no apostar a arrancarlas de raíz para un control absoluto.

Finalmente, la legisladora precisó que el estar a favor de la reforma es permitir que el gobierno regule sus propias decisiones sin contrapesos, en materia económica o energética, lo que representa un retroceso que concentra el poder en una sola entidad y resaltó que se está en contra de la erosión de los equilibrios institucionales.

Por su parte, la legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia externó que la reforma extingue organismos constitucionales autónomos que se encaminan a la defensa de los derechos fundamentales lo que resulta ser un retroceso y un olvido a todas aquellas luchas de mexicanas y mexicanos que entre sus demandas se encontraba un acceso a la información y la protección de datos personales.

Asimismo, la diputada dijo que la eliminación de los organismos autónomos contraviene estándares internacionales que son compromisos establecidos por México y por tanto forman parte del sistema jurídico del país, además de que se viene a debilitar la competencia económica justa, la protección del bienestar de los consumidores y elimina los contrapesos que aseguraban la rendición de cuentas.

En su oportunidad, el diputado Rodrigo González Zaragoza apuntó que la discusión debe centrarse en el uso del recurso, que la relevancia no es la cantidad sino el ejercicio que se hace del gasto. Que no se puede insultar la inteligencia del pueblo, ni minimizar los temas.

Agregó que se está terminando con instituciones por las que luchó incluso la izquierda y que se está retrocediendo.