El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, a fin de que se revierta el reciente incremento a la tarifa de transporte público que resulta perjudicial para las infancias menores de seis años y para las madres jefas de familia.
En las consideraciones del documento se destaca que el pasado 28 de noviembre de 2024 se aprobaron, por mayoría de votos, una serie de modificaciones al acuerdo tarifario para la prestación del servicio de transporte público en el citado municipio, mismas que entraron en vigor el 17 de enero de 2025.
Se apunta que, conforme a los argumentos expuestos por las autoridades municipales, este aumento está justificado en la rentabilidad de la prestación del servicio por parte de concesionarios privados, sin embargo, entre las modificaciones se advierte el cobro de tarifa para las infancias menores de seis años, quienes, de conformidad con la reglamentación municipal vigente, se encuentran exentas del pago de tarifa.
“La entrada en vigor de las nuevas tarifas representa una medida regresiva en el marco de garantía del derecho humano a la movilidad de las infancias y una carga desproporcionada para las familias dolorenses, particularmente para las encabezadas por madres que crían solas”, se enfatiza en el texto.
En el documento se refiere que el hecho de que el eventual cobro de la tarifa sea realizado por particulares, no debería implicar la anulación de la aplicabilidad de los principios de accesibilidad económica, igualdad y no discriminación, entre otros aparejados al derecho a la movilidad.
Se agrega que en el incremento de las tarifas no fueron consideradas las variables sociales del municipio, contraviniendo así lo dispuesto tanto en la legislación local como en la normativa municipal, por lo que era imperante que esa decisión sea revertida.
Finalmente, se enfatiza que el incremento a las tarifas de transporte público no puede ser resultado de la presión de grupos de interés, ni tampoco puede derivar en el inevitable resultado de trasladar sus costos de operación a las usuarias del servicio.
“El servicio básico de transporte público debe ser valorado como un derecho humano, no como un negocio”, se concluye en el documento.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.