El Pleno del Congreso local exhortó a la Comisión de Agua para que, en apego a los artículos 86 fracciones IV, VII y VIII vigile el cumplimiento de las condiciones particulares que deben satisfacer las aguas residuales de los distintos usos y usuarios y supervise en coordinación con los municipios del estado y con las autoridades competentes que el agua suministrada para consumo humano cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes.
De igual manera, se exhorta a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente para que coadyuve con las autoridades y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal en las acciones de su competencia para gestionar la dotación de servicios públicos de agua potable y agua, y en su caso tratamiento y disposición de aguas residuales, así como a los organismos operadores de aguas municipales, a efecto de llevar las acciones correspondientes para el uso correspondiente de las plantas tratadoras de agua.
El exhorto tiene su origen en una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulada por la diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora comentó que el agua es un recurso vital para el ser humano, no solo para su consumo, sino para todo tipo de procesos industriales y de producción de bienes, por lo que es fundamental asegurar su correcto tratamiento para su reutilización y devolución al medio ambiente.
Refirió que, el tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que eliminan los contaminantes del agua para que el ser humano pueda hacer uso de ella. También habló de la sequía que enfrentó la entidad en 2024, así como del estado de 20 matos acuíferos que están en decreto de veda y en condición de sobreexplotación.
Apuntó que, ante tal situación, toma especial relevancia saber si verdaderamente las aguas residuales son tratadas adecuadamente en el estado, en los municipios en particular.
“Desde 2022, el estado de Guanajuato cuenta con 65 plantas tratadoras de aguas residuales domésticas (PTAR). Esta infraestructura permite tratar 4.16 metros cúbicos por segundo, lo que representa el 49.4% del agua residual generada en el estado. Sin embargo, el 51% restante no recibe tratamiento”, precisó la congresista.
También habló de las consecuencias de no contar con una planta tratadora en un municipio, y dijo que es responsabilidad de cada uno el tratamiento de las aguas residuales, y lo que se procura es que estos a través de sus organismos operadores, establezcan tarifas adecuadas.
“La mayor parte de los 46 municipios del estado no tienen cubierta la totalidad de las comunidades rurales, donde las personas ciernen sus aguas negras en fosas sépticas, arroyos, ríos y presas, fomentando la crisis hídrica que se vive en el estado de Guanajuato”, enfatizó García Oliveros.
Finalmente, señaló que es fundamental que todas las entidades que descargan aguas residuales cuenten con sistemas de tratamiento adecuados y cumplan con la normatividad ambiental aplicable, ya que eso evita no solo las sanciones por parte de CONAGUA, sino que también contribuye a la protección de los recursos hídricos y el medio ambiente en Guanajuato.
La obvia resolución fue aprobada. Al ser sometido a votación en lo general el punto de acuerdo fue aprobado; mientras que, en lo particular, la diputada Angélica Casillas Martínez presentó una reserva.
Señaló que el tema del agua es parte de la agenda fundamental de su grupo parlamentario, ya que el uso sustentable del agua es hoy una pieza para generar gobernanza.
Agregó que, el documento que se estaba discutiendo tenía imprecisiones de carácter jurídico y sólo ve una parte de la administración de los recursos hídricos, que se tenía que realizar un análisis de las atribuciones del Estado que son mayormente de coadyuvancia y de coordinación, y que las facultades de control o de vigilancia corresponden a la autoridad del agua en materia federal, que es la Comisión Nacional del Agua.
Antes de concluir subrayó que en efecto se debe atender el tema, pero que, en materia de aguas nacionales, exige la coordinación de todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal y no debe analizarse de manera aislada.
La congresista propuso modificar el acuerdo de la propuesta, su solicitud fue avalada.