Esta mañana, sesionó la Comisión para la Igualdad de Género para aprobar las opiniones en materia de igualdad de género de diversas iniciativas.
Se trata de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que se establezca la obligatoriedad de evaluar toda legislación desde una perspectiva de impacto de género; de la iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con el objeto de que en los casos que conozca la fiscalía especializada deban ser atendidos con perspectiva de género; y de la propuesta para cambiar la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de promover y fomentar que en el ramo de la construcción sean cada vez más mujeres las que participen en puestos directivos y de toma de decisiones.
Finalmente, de la iniciativa de reforma a las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo; de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado; para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado; para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado; para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado; para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y sus Familias del Estado; de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios; de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios; para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado; de Asistencia Social y Fortalecimiento Familiar para el Estado; de Víctimas del Estado; para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado; de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado y para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado para crear la Secretaría de las Mujeres.
En todas las iniciativas las opiniones son favorables, a excepción de la relativa a promover la participación de la mujer en los puestos directivos y de alta dirección de la industria de la construcción al señalar que, se deberá valorar la razonabilidad de propuesta, pues la falta de una definición clara del término “alta dirección” genera incertidumbre jurídica, ya que las empresas no sabrán con certeza qué puestos deben reportar ni cómo cumplir adecuadamente.
Y que, al ser el concepto central de la propuesta, su ambigüedad puede afectar tanto el cumplimiento de los requisitos como la equidad en los procesos de adjudicación, haciendo evidente la importancia de precisar los términos esenciales para garantizar seguridad jurídica y confianza en la norma.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Yesenia Rojas Cervantes, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Ana María Esquivel Arrona y Maribel Aguilar González.