El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de garantizar el derecho al libre tránsito de las personas que habitan en las comunidades, así como de deportistas, visitantes y de toda persona que haga uso del sendero Los Mexicanos – Santa Rosa, asegurando su acceso y uso pleno en condiciones de seguridad y libre movilidad dentro del territorio estatal.
De igual manera, informe al Congreso del Estado bajo qué argumento, justificación y/o normativa vigente, se autorizó la rectificación de la escritura pública con número 6636, de la ciudad de Guanajuato, que permitió un incremento del 26% respecto de la escritura original, contraviniendo a lo establecido en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado y audite el proceso de escrituración de las escrituras públicas 4816 y 6636, para conocer si existió alguna irregularidad en la emisión de dichos documentos y de ser así actúe conforme a lo establecido en la Ley del Notariado estatal.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, el congresista Ernesto Millán Soberanes explicó que en febrero pasado Laura Esther Galván mejor conocida como “La Gacela”, atleta olímpica guanajuatense, alertó sobre el cierre del citado sendero, al cual le fueron colocados en varios tramos antes de llegar al Monte de San Nicolás dos puertas de reja, lo que limita el libre tránsito.
Agregó que, el cierre fue autorizado por diversas autoridades, sin embargo, destaca particularmente la autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Agua al determinar que, al encontrarse el terreno en “propiedad privada” no era necesario gestionar un cambio de uso de suelo.
Sin embargo, el legislador expuso que el 29 de abril de 1974 se formalizó ante notario la compraventa de una fracción del terreno rústico “Estancia de Reforma” (también conocido como Rancho de Guerra), con una superficie de 251 hectáreas, entre Nicolás Ramírez Gutiérrez y el menor Amado Carrillo Hernández, representado por su padre; y que, casi cinco décadas después, el 19 de abril de 2024, Amado Carrillo Hernández promovió una escritura pública de rectificación de la escritura original de compraventa, ante la Notaría Pública No. 3 a cargo del Lic. Andrés Guardado Santoyo, para posteriormente enajenar a favor de la empresa ICREAR S.A. de C.V., representada por Guillermo Ernesto Webb Cruces.
Subrayó que, el análisis de ambas escrituras revela una discrepancia significativa en la superficie del terreno originalmente adquirido, es decir, 65 hectáreas más que las consignadas inicialmente, lo que representa un incremento del 25.89 % en la superficie registrada.
Millán Soberanes mencionó que fue la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Guanajuato la instancia que otorgó la autorización definitiva para la rectificación, sustentándose en el trabajo del personal de dicha dependencia y en el avalúo fiscal elaborado por el perito fiscal número uno, quienes validaron el nuevo metraje, así como las medidas, colindancias y el cambio a uso de suelo habitacional.
Finalmente, el legislador enfatizó que, de confirmarse dichas irregularidades, será indispensable llevar a cabo una revisión exhaustiva del procedimiento realizado por el Notario Público que emitió la escritura en cuestión y, caso de comprobarse faltas administrativas u omisiones en el cumplimiento del procedimiento legal, deberá actuarse en consecuencia, incluyendo, de ser procedente, la revocación de la patente notarial (Fiat).
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.