En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado rechazó el dictamen de tres iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de derecho a la vida.
Las iniciativas pretendían eliminar el párrafo que señala que para los efectos de la Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.
Como autor del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que documentos internacionales que son ratificados por el Estado Mexicano respetan la vida y tienen la encomienda de proteger los derechos humanos que, bajo un criterio de progresividad, el compromiso radica en proteger la vida de toda persona, nacida o no nacida sin excepciones.
Agregó que mientras más vulnerable es una persona más merece nuestra atención, cuidado y protección, además de especificar que todo acto de autoridad debe estar encaminado a beneficiar a las personas, a procurar los valores de bien común, justicia y velar por su seguridad jurídica y que el inicio de la vida no depende de la adhesión de un tribunal.
Finalmente, agradeció a todos los que participaron en este proceso llegando a consensos y descenso, junto a abordar la crítica desde la liberta, que sea informada, plural, autocrítica y positiva, donde en esta ocasión lo que prevaleció en la propuesta de dictamen son dos criterios; el de constitucionalidad y el de convencionalidad.
En rectificación de hechos, la congresista Martha Edith Moreno Valencia indicó que en el caso que externó su homólogo le dieron la oportunidad de decidir y que es lo que se busca hoy, que las mujeres tengan el derecho a decidir.
Al hablar en contra, la legisladora María Eugenia García Oliveros manifestó que debe respetarse el cuerpo de las personas y su decisión, así como garantizar su plena autonomía. Añadió que, la interrupción legal del embarazo debe enmarcarse en lo que son los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los derechos humanos y que garantizan que todas y todos puedan ejercer su sexualidad con libertad y sin violencia para desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos.
Argumentó que este día no venían a descubrir el hilo negro o a imponer algo no escrito el marco jurídico mexicano que garantiza los derechos sexuales y reproductivos. Habló de la libertad reproductiva como un derecho fundamental de las mujeres y subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó claro que el aborto es parte de la libertad reproductiva y compete a las mujeres y personas gestantes tomar la decisión de la interrupción del embarazo en condiciones libres e informadas.
Finalmente, externó que el derecho penal no puede utilizarse para castigar las decisiones reproductivas de las mujeres ni era una vía idónea para proteger la vida prenatal, además, dijo, que, la privación del acceso a la atención del aborto constituía una violación de derechos fundamentales, por lo que el dictamen vulneraba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para finalizar al comentar que no eran sensores morales sino que su deber era promover el bienestar de sociedad y proteger los derechos fundamentales sin imponer una moralidad específica.
Por su parte, el legislador Aldo Iván Márquez Becerra se pronunció a favor del dictamen. Mencionó que los convocaba una discusión jurídica y también una conversación sobre la justicia.
El congresista puntualizó que, en un Estado constitucional de derecho, las normas jurídicas no son solo expresión de la voluntad mayoritaria ni meras reglas de convivencia, sino que representan un compromiso jurídico de proteger, ante todo, a quien no puede defenderse por sí mismo.
Agregó que, aceptar que no puedan existir normas que protejan al más vulnerable, en este caso, al ser humano en desarrollo, equivalía a abdicar del principio fundamental del derecho como límite al poder y como instrumento de justicia. Asimismo, apuntó que, el derecho no debe estar al servicio del más fuerte, sino del más necesitado de protección.
Abundó que, el ser en desarrollo merece una consideración especial a partir del mandato de protección reforzada que emana de los principios pro persona y de interés superior del más vulnerable, y que, aceptar que el derecho deba permanecer neutral o ausente frente a la vida prenatal no es simplemente una omisión normativa sino una renuncia a las exigencias más profundas de la justicia.
Después de hablar de bases en las que se funda su partido, remarcó que todas las causas que impulsan responden a una misma convicción: que la persona humana debe estar en el centro de toda acción política, para concluir al subrayar que, si la Constitución deja de ser un parámetro de justicia, el derecho se vacía de su función crítica y se vuelve un instrumento que puede terminar por legitimar, con apariencia de legalidad, incluso las más evidentes formas de injusticia, como sería tomar una vida que no es suya y cuya condición de vulnerabilidad nos obliga a proteger.
En rectificación de hechos, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco expresó que no se deberían estar debatiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de indicar que el otorgar el estatus de persona al embrión o feto genera medidas restrictivas de derecho a las mujeres y personas gestantes, donde al no haber modificaciones en la constitución local se está en contra de los preceptos de derecho emitidos por la Suprema Corte de Justicia.
La congresista mencionó que el deber de las personas legisladoras es generar leyes que garanticen el más alto estándar de protección a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y no el debatir cuestiones ideológicas y morales que ya han sido resueltas por el máximo tribunal en México y tribunales internacionales.
Pedroza Orozco concluyó diciendo que se tiene la oportunidad histórica de escribir un capítulo digno o de lo contrario ratificar la complicidad del Estado con la criminalización y el dolor de las mujeres y personas gestantes que quieren ejercer su derecho a decidir y así avanzar a un futuro donde también puedan ejercer su derecho a la salud dejando prácticas de opresión y que no abonan a la igualdad.
El diputado David Martínez Mendizábal se pronunció en contra, al comentar que la Carta Magna se debe adecuar con el criterio de progresividad de los derechos humanos y que eso tiene que ver con el aumento, no con la restricción de los derechos.
Apuntó que no se debía caer en el falso dilema entre los que optan por la muerte o la vida, que la ubicación correcta era es que se quería invadir la dignidad de la persona, cuyos pilares básicos son la libertad y la conciencia, y que se querían tomar decisiones sobre las mujeres, cuando ellas, en su justo razonamiento, las toman
Remarcó que, las entidades federativas no pueden pretextar la existencia de cláusulas de protección a la vida desde la concepción para negar a las personas toda clase de servicio relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Finalmente, abundó en que la ciencia no se ha puesto de acuerdo en una respuesta sobre el inicio de la viday que se está confundiendo biología con la integralidad del ser humano, y que muchas personas con creencias cristianas se han manifestado a favor de no criminalizar a las mujeres por abortar.
En rectificación de hechos, el legislador Rodrigo González Zaragoza manifestó que siempre en cualquier discusión debe prevalecer el respeto y la escucha. También indicó que la institución que representa defiende que a ninguna mujer se le criminalice por decidir sobre su cuerpo y por hacer valer su derecho de autonomía sexual y reproductiva.
Agregó que son pocos los estados en el país que operando bajo la premisa de hacer que visiones políticas, dogmas y aspectos de la religión se plasmen en una Constitución, cuando esas acciones no son sanas para ciertos sectores de la población por obstaculizar las condiciones para lograr un verdadero respeto y protección de los derechos humanos.
Finalmente, comentó que esta es la oportunidad para que el discurso de protección a las mujeres en Guanajuato se ratifique con el voto a favor de la autonomía de las mujeres, por lo que invitó a sus homólogos a votar a favor del derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
En contra también se pronunció el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza remarcó que, definir quién es persona no es competencia de los Estados, tampoco definir en qué momento inicia la vida en efectos legales, eso puede hacerlo la Constitución Federal y así como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Afirmó que, cuándo inicia la vida no se trata de opiniones sino de lo que dice el máximo tribunal del país, quien señaló que los estados no pueden crear conceptos, que no les corresponde decidir quién tiene derecho o no derechos humanos, por lo que cuando un estado como Guanajuato hace eso rompe el orden constitucional, se coloca por encima de la Constitución federal y eso no era ilegal.
Finalizó al comentar que en su grupo parlamentario estaban a favor de la libertad, de la libre decisión y, sobre todo, del buen juicio de las disposiciones legales.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, por lo que se ordenó su archivo definitivo.
Consulta las intervenciones íntegras en https://www.youtube.com/live/Wj0VffZWcEY?si=_ltMIRvkhGex5mTS