Convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de iniciativas. Una incide en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato; la otra en la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.
Reformas para reducir brecha tecnología en adultos mayores
En la primera mesa se revisó la propuesta que tiene por objeto disminuir la brecha tecnológica que existe en la población y de manera general en los adultos mayores y para ello, plantea cambios a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato.
La iniciativa busca establecer que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado tenga entre sus atribuciones promover el acceso y utilización adecuadas de las tecnologías de información y comunicación, a través de la capacitación de habilidades digitales a las personas adultas mayores.
De igual manera, que las autoridades municipales en materia de derechos de las personas adultas mayores tengan entre sus facultades coordinarse con las demás autoridades para la promoción en el acceso y utilización adecuado, de las tecnologías de información y comunicación, a través de la capacitación de habilidades digitales.
De manera general, los participantes consideraron viable la iniciativa al considerar que el sector al que va enfocada debe tener una atención especial en la materia y que el Estado debe garantizar la educación en las nuevas tecnologías para reducir la brecha generacional y geográfica, impulsar los esfuerzos de la autoridad con acciones específicas hacia las personas adultas mayores y abatir la brecha tecnológica. Agregaron que, con estas reformas, también se previene la discriminación por edad.
La congresista Ana María Esquivel Arrona comentó que se trata de seguir ayudando a los adultos mayores a tener una dinámica funcional, y ponerlos al centro porque eso les permite no aislarse y seguir participando activamente.
Finalmente, la legisladora Plásida Calzada Velázquez reconoció la apertura para el análisis de esta iniciativa que incide en un sector muy importante como el de las personas adultas mayores.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y Roberto Carlos Terán Ramos. Además, los acompañaron Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Guillermo Aguirre Fonseca de la Secretaría de Derechos Humanos; Daniela Porras Gallegos e Israel Carmona Zúñiga de la Secretaría de Educación; Arlet Martínez Aguilera del Consejo Estatal Personas Adultas Mayores; Lourdes Segura de la Consejería Jurídica; y Sergio Alejandro Sandoval Ávila y Daniel Malacara Doblado del Instituto de Investigaciones Legislativas.
Modificaciones para la designación de la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato
En los trabajos de la segunda mesa se revisó la propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, que busca fortalecer los mecanismos de control orientados hacia la garantía de la autonomía de la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.
Entre las modificaciones propuestas se contempla que para ocupar el citado cargo se requiere ser preferentemente licenciado en Derecho o contar con licenciaturas o posgrados relacionados con los derechos humanos; acreditar la experiencia en materia de derechos humanos, por lo menos en los cinco años anteriores a su designación; se detalla el proceso para designar a la persona titular de la Procuraduría; y que dicha persona no podrá ocupar cargo público de primer nivel jerárquico dentro de los poderes públicos estatales durante los cinco años siguientes a su designación, a excepción de la actividad académica.
Al hacer el análisis artículo por artículo de la propuesta, se comentó lo relativo a los requisitos para ocupar el cargo como la carrera que debe poseer; que la disposición es discriminatoria para aquellos que no han tenido oportunidad de concluir la educación superior y se contradice con lo señalado en la propuesta de darle oportunidad a personas defensoras que se convierten en expertas por experiencia de vida; el proceso que se establece para acreditar la experiencia y la presentación de documentos para probar el prestigio profesional; ampliar el lenguaje incluyente; y que se debe clarificar qué se entiende por primer nivel jerárquico, revisar que no infrinja derechos laborales.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez y Ana María Esquivel Arrona; así como el diputado Jesús Hernández Hernández. Además, los acompañaron Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Sergio Alejandro Sandoval Ávila del Instituto de Investigaciones Legislativas; y asesores parlamentarios.