El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, con la finalidad de que cualquier persona que atente contra la distribución o saneamiento del agua sea sancionado.
Al hacer uso de la voz, la diputada Luz Itzel Mendo González señaló que Guanajuato se enfrenta grandes desafíos en cuanto a la gestión y conservación del agua, debido a que las precipitaciones en la entidad son limitadas y la disponibilidad de agua es un reto constante que se confirma con las cifras del Monitor de Sequía en México, desde enero del 2023 hasta agosto de 2024, se registra que todos los municipios del estado tuvieron sequía.
La legisladora refirió que una de las cosas de las que poco se habla es de la extracción clandestina de aguas, que contribuye a varios riesgos como lo es el desperdicio del vital líquido y reducen la disponibilidad para el resto de la población y las actividades económicas, junto a que estas tomas suelen no ser controladas, generan una extracción excesiva, así como suelen carecer de medidas de control y tratamiento adecuados, lo que genera contaminación y pone en riesgo la salud de quienes la consumen.
“La pérdida de agua a través de tomas clandestinas representa un costo económico significativo para la recaudación fiscal de los ayuntamientos. Recursos que podrían destinarse a mejorar la infraestructura y la gestión del agua. De acuerdo con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, de los años 2018 a 2023 se extrajeron más de 1900 millones de metros cúbicos de agua en el estado, y se perdieron, ya sea por tomas clandestinas, fugas de agua y otras causas poco más de 831 millones de metros cúbicos”, dijo.
Mendo González indicó que la propuesta pretende agregar un capítulo denominado Delitos Contra el Acceso al Agua para incluir como tipo penal cuando se tenga una sustracción de agua en tomas clandestinas, se contamine el agua y se tenga la omisión en el saneamiento del agua potable, para proveer agua limpia a la ciudadanía y así proteger la salud, mejorar la calidad de vida y fomentar un entorno más sostenible.
“La presente iniciativa contribuye en la protección del recurso más importante para la vida de las personas, garantizando que cualquiera que atente contra su distribución o saneamiento, sea sancionado”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.