El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para que se instruya al Auditor Superior del Estado a incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2025 una auditoría concomitante a la administración pública del municipio de Celaya, por lo que hace al gasto en indemnizaciones laborales y prestaciones por baja de personas servidoras públicas.
En las consideraciones de la propuesta se mencionan distintas publicaciones en medios de comunicación locales y regionales en donde funcionarios públicos como el presidente municipal, la titular de la Oficialía Mayor, entre otros, han declarado sobre cientos de procedimientos de baja de personas servidoras públicas de la distintas áreas de la administración pública municipal llevados a cabo durante el presente año, de los cuales se ha finiquitado aproximadamente entre el 43% y 46% lo que ha generado un costo de más de 9 millones de pesos.
Se precisa que la cobertura del resto de las obligaciones económicas pendientes de pago representaría para el erario municipal una carga adicional por otra suma equivalente a la previamente indicada.
Además, se añade que, los reportes informativos dan cuenta de entre 325 y 324 bajas, donde el mayor número se concentraría en la Secretaría de Seguridad Ciudadana; todos ellos adicionales a los efectuados al cierre del año anterior.
En el texto se indica que también se aluden la existencia de demandas laborales en contra del municipio, en las que se estaría valorando la posibilidad de convenir con las partes actoras, lo cual denota la posibilidad de que se incrementen los pasivos del municipio vinculados a dicho rubro.
Finalmente, se subraya que todo lo anterior pone de relieve una situación fuera de lo común que amerita ser verificada.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.