Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal estatal, con el objeto de mejorar las condiciones en que se realizan las labores de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Con estas reformas se consideran delios graves los que se cometan en agravio de personas defensoras de derechos humanos, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, que tuvieren como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de sus actividades de promoción o defensa de los derechos humanos o se realicen en represalia a las mismas.
También cuando se causen por la asistencia y con motivo de la realización de un espectáculo público, bien sea con inmediatez previa a su desarrollo, durante éste o con posterioridad inmediata al mismo, así como cuando se comentan dolosamente en contra de un menor de dieciocho años.
De igual forma se modifica la pena en el delito contra la libre expresión para establecer que se impondrá de uno a seis años de prisión y de diez a sesenta días multa a quien utilice la violencia o el acoso para impedir que se ejerza la actividad periodística; se obstaculice, impida o reprima ilícitamente el ejercicio de la libertad de expresión como derecho inherente a la actividad periodística; y cuanto se obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión.
Asimismo, se establece que, en el caso de que este delito intervenga un servidor público, la pena de prisión se aumentará de una mitad del mínimo a una mitad del máximo; y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión públicos por un término igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta; y que dicho delito se perseguirá por querella.
Finalmente, se establece que se impondrá de uno a seis años de prisión y de diez a sesenta días multa, a quien utilice la violencia o el acoso para impedir la promoción o defensa de derechos humanos u obstaculice, impida o reprima la promoción o defensa de derechos humanos.
De igual manera, si el acto es cometido por un servidor público las penas se incrementarán y se precisa que el delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean personas defensoras de derechos humanos involucrados en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, caso en el cual se perseguirá de oficio.
Como autores del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano; así como el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.
García Oliveros manifestó que con esta propuesta se busca contribuir a mejorar las condiciones que se realizan las labores de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos en el estado, las cuales son de innegable importancia para el sostenimiento del estado de derecho.
Indicó que su protección se convirtió en una necesidad apremiante debido al contexto que se vive en el estado desde hace casi una década. Apuntó que de acuerdo con el informe anual el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato se reveló que fueron 26 periodistas y cuatro personas defensoras de derechos humanos los que recibieron medidas de protección estatal.
Apuntó que con la aprobación del dictamen en el marco jurídico estatal refuerza las atribuciones, los mecanismos de protección y la coordinación de las autoridades que tienen la encomienda de velar por la seguridad de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
La congresista agregó que se refuerza dicha protección a través de la tipificación de conductas que tengan por objeto obstaculizar o impedir la realización de labores de las personas. Agregó que también va de la mano con el objeto y fin del mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad.
Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano mencionó que la reforma busca sancionar de manera más contundente aquellas conductas que atentan contra la seguridad, integridad, la libertad y la vida de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Agregó que las acciones que pretenden dañar a alguien que ejerce la profesión del periodismo o se dedica a la protección de los derechos fundamentales es ir en contra de la libertad de expresión por buscar silenciar a una sociedad, la violencia cometida contra los sectores mencionados no puede quedar impune y que s necesitan sanciones ejemplares a quienes cometan estos delitos.
Finalmente, la congresista externó que la meta de la propuesta es eliminar la violencia, el hostigamiento y la amenaza que tienen como objetivo privar de la libertad y la vida, trabajo que surge de la coordinación entre instancias de gobierno y de las voces de la ciudadanía.
En su oportunidad, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que el dictamen responde con eficacia y sensibilidad a los desafíos que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos, y que contribuyen al fortalecimiento de sociedades democráticas.
Indicó que ambas tareas se realizan en un contexto de constante riesgo, por lo que resultaba indispensable fortalecer el marco jurídico estatal mediante la tipificación específica de delitos que protejan de a quienes ejercen esas funciones.
Habló de que se crea un nuevo tipo penal como es del delito contra la promoción o defensa de derechos humanos, acción que permite otorgar una protección adecuada que reconoce la gravedad de las agresiones en este ámbito y permite una respuesta jurídica adecuada.
Remarcó que, se establecen mecanismos para una persecución más eficaz, incluyendo la facultad de actuar de oficio en casos que involucren a defensores dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, lo cual demuestra sensibilidad ante las circunstancias que enfrentan quienes participan en este proceso.
Asimismo, dijo, se fija la inhabilitación para servidores públicos que cometan esos delitos, reforzando el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, y enviando un mensaje claro de tolerancia cero frente a abusos de autoridad.
Finalmente, argumentó que la reforma representa un reconocimiento integral a un sector que ha sido escuchado y considerado en todas sus dimensiones y necesidades.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las legisladoras Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.
González Márquez puntualizó que la libertad de expresión no es un privilegio, es un pilar esencial para toda democracia, ya que sin ella simplemente no hay posibilidad de participación ciudadana ni de rendición de cuentas.
Agregó que, esa libertad solo puede ejercerse de forma plena y auténtica cuando el Estado garantiza condiciones reales de seguridad, dignidad y protección para quienes le ejercen profesionalmente, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales.
La legisladora subrayó que, hoy más que nunca su labor es indispensable, en un contexto cada vez más complejo y peligroso, porque quienes informan, denuncian y defienden causas sociales lo hacen a costa, muchas veces, de su propia integridad, por lo que no son simple observadores, son guardianes del Estado del Derecho.
Finalmente, reiteró su compromiso con una agenda de libertad y dignidad de quienes alzan la voz en favor de los demás, y que a ellos les deben marcos legales más fuertes, instituciones más responsables y un estado que no tolera la impunidad ni el silencio.
También a favor, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia mencionó que el dictamen responde una necesidad urgente y dolorosamente visible para señalar y sancionar de manera firme los delitos cometidos contra personas que ejercen su derecho a informar o hacer válida la lucha por los derechos humanos, debido a que se han convertido en marco de amenazas que atentan contra su integridad y su vida.
La congresista afirmó que la labor del sector mencionado representa el verdadero Estado Democrático de Derecho, junto a ir en concordancia con estándares constitucionales y parámetros internacionales, por brindar herramientas para que el Estado genere condiciones de seguridad y libertad para el ejercicio de actividades fundamentales para el ejercicio de la democracia.