En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen conjunto de las 52 iniciativas de reforma y una para crear una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Al hacer uso de la voz, el diputado Juan Carlos Romero Hicks mencionó que probablemente en la historia del Congreso nunca se habían tenido 52 dictámenes en un solo momento, conformados por 41 iniciativas de la legislatura pasada y 11 de la actual legislatura, donde se destacan temas como la paridad de género, lenguaje incluyente y no sexista, la posibilidad de las notificaciones electrónicas, se regulan aspectos de carácter procesal, violencia política de género y más temas.
En su intervención, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero comentó que el ejercicio ha sido de 2 legislaturas realizado por los diferentes grupos parlamentarios que comparte el objetivo general que ayude a tener un parlamento más ágil.
Por su parte, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla destacó la importancia de considerar la realidad ambiental del estado, al ampliar el enfoque de la Comisión de Medio Ambiente, y ya no limitarse a asuntos de manejo de residuos y áreas naturales, sino que ahora también abordará temas como el cambio climático, la transición hacia una economía circular y nuevos modelos de sustentabilidad.
Asimismo, la diputada Rocío Cervantes Barba precisó que las modificaciones son cruciales para que se legisle de manera eficiente y transparente acorde a las necesidades y la realidad actual de la ciudadanía, además de agradecer el trabajo por parte de la secretaría técnica.
También, el legislador Rodrigo González Zaragoza señaló que el esfuerzo colectivo con una visión integral simboliza un avance en la vanguardia de la agenda pública de Guanajuato, al dar una esquematización de actualización a nuevas tecnologías y nuevo momentos políticos y sociales de la entidad.
La congresista Susana Bermúdez Cano resaltó que la emisión de una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo era necesaria bajo el contexto que se vive en el estado, además de que la incorporación de temas como la igualdad de género, congruencia normativa, la excitativa y demás figuras ayudarán a enriquecer el funcionamiento de cada una de las 36 personas legisladoras.
Finalmente, la diputada María Eugenia García Oliveros externó que, pese a ser necesarios los cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no se tomaron en cuenta debidamente todas las iniciativas, sino que se le dio más importancia a la signada por integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por lo que no era del todo cierto que se dictaminan en total 52 iniciativas y que en el Pleno se rescatarán cuestiones de importancia como los cabilderos, ajustes de los tiempos en la presentación de iniciativas, la inclusión de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, entro otros.
Asimismo, se aprobó la metodología de análisis de las siguientes propuestas:
La primera, iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, para que las personas titulares de las dependencias estatales y municipales otorguen a sus trabajadores permiso con goce de sueldo íntegro, de hasta cinco días al año para que se realicen exámenes médicos de prevención y detección de cáncer.
La segunda, para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de crear la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.
La tercera, busca hacer cambios a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, para que dichos centros se limiten a conciliar asuntos de su exclusiva competencia laboral.
Y la cuarta, para expedir la Ley de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción para el Estado de Guanajuato, y reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer las medidas e instrumentos existentes en combate a la corrupción, asimismo, generar y fomentar la cultura de la denuncia de los servidores públicos y de las personas testigos de actos o hechos de corrupción.
Para las cuatro propuestas pedirán opinión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; mientras que la primera iniciativa consultará a los organismos autónomos reconocidos por la Constitución y a los 46 ayuntamientos; la segunda, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Finanzas; la tercera, será enviada a la Secretaría de Gobierno y al Centro de Conciliación Laboral del Estado y la cuarta, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y órganos internos de control de los organismos autónomos reconocidos por la Constitución.
Para las propuestas en materia de permisos laborales para realización de exámenes médicos de prevención y detección de cáncer y para crear la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, se solicitarán a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas estudios de carácter presupuestal; mientras que, para las iniciativas relativas a centros de conciliación laboral y combate a la corrupción, se pedirá opinión al Instituto de Investigaciones Legislativas.
Finalmente, las cuatro iniciativas se publicarán en la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo con las autoridades consultadas.
Al hacer uso de la voz, el legislador Rodrigo González Zaragoza pidió que se abrieran las mesas de trabajo a colectivos, grupos y asociaciones de migrantes para enriquecer los puntos de vista. La propuesta fue aprobada.
En asuntos generales, el congresista Juan Carlos Romero Hicks habló acerca de las reuniones pendientes para tratar temas como la reforma al Poder Judicial, la de simplificación administrativa, el derecho a la ciudad y la armonización del relevo de la persona titular del Poder Ejecutivo.
En la reunión participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, Rocío Cervantes Barba y María Eugenia García Oliveros; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.