La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló una iniciativa de reforma a las leyes orgánicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; así como a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de inclusión laboral de las personas transgénero, travestis y transexuales en el sector público.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la congresista manifestó que en el país, la mayoría de las personas trans viven en situaciones de vulnerabilidad económica extrema y enfrentan claras brechas de desigualdad que impiden el acceso en igualdad de condiciones a derechos como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, la seguridad social, la certeza jurídica y la protección del Estado.
Apuntó que, un elemento fundamental en el libre desarrollo de la personalidad de una persona es el empleo, y que el empleo formal, digno y bien remunerado es un derecho humano que permite la garantía de otros derechos como la vivienda o la seguridad social.
En ese sentido, García Oliveros comentó que, en el caso de las personas trans, la falta de acceso a empleos dignos está condicionada por la discriminación estructural que enfrentan y que se traduce en una serie de violencias que las acompañan toda su vida, empezando por la falta de acceso a una educación formal y las altas tasas de deserción escolar a causa del bullying o el no reconocimiento a su identidad o expresión de género por parte de las instituciones educativas
La legisladora mencionó que, en la búsqueda de acceder a un empleo se identifican requerimientos hostiles y que atentan contra las libertades laborales. Asimismo, refirió que, fomentar la contratación de personas trans y de género no normativo, así como impulsar la creación de espacios seguros de trabajo, libres de discriminación, es una tarea de todas y todos.
Agregó que, asegurar la inclusión de personas trans en espacios laborales al interior de los gobiernos locales debe partir del reconocimiento de la realidad de exclusión laboral que enfrentan en un sistema cis-heteropatriarcal, que les niega el reconocimiento como personas activas de la sociedad.
“Es momento de que nuestro estado reconozca a las personas de la diversidad de género como actoras integrales de nuestra sociedad, que tienen mucho que ofrecer mediante su experiencia y capacidades y que, a su vez, merecen oportunidades laborales adecuadas a sus intereses y plan de vida, como cualquier otra persona”, finalizó, la diputada.
Lo relativo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; lo correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se remitió a la Comisión de Justicia, y lo referente a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios se envió a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.