La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en su carácter de superior jerárquico, instruya, coordine y supervise la atención puntual e inmediata, para el cumplimiento de todas las Resoluciones de Recomendación emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
Aguilar Castillo manifestó que cuando el personal ministerial o policial incurre en actos de maltrato o de abuso, o bien cuando existen omisiones en la investigación, la afectación se proyecta inmediatamente en derechos como el trato digno y el acceso a la justicia, tal como se desprende de las resoluciones de recomendación realizadas por la PRODHEG que atienden el principio de reparación y no repetición.
La congresista explicó que se tienen identificados cuatro expedientes que no cuentan con el cumplimiento de esas medidas por parte de la Fiscalía General estatal desde el año 2018 y atienden conceptos como: denuncias de Agentes de Investigación Criminal (AIC) que apuntaron y agredieron verbalmente con un arma de fuego; escenario de afectación prolongada por falta de avance efectivo a una víctima indirecta en una carpeta iniciada por el delito de homicidio; la certeza sobre la identidad e integridad de restos entregados a familiares y hacia la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la FGE, Región C que exhumó un cuerpo sin autorización.
En suma, enfatizó la diputada que los cuatro expedientes muestran un patrón que no puede normalizarse, que es que la PRODHEG acreditó omisiones concretas imputadas a personal de la citada institución que afectan derechos humanos esenciales como el trato digno, procuración de justicia, derecho a la verdad y seguridad jurídica, y por ello emitió medidas específicas de reparación, investigación y no repetición, incluidas acciones de capacitación y directrices institucionales para el SEMEFO.
Finalmente, Aguilar Castillo expresó que la Fiscalía General es omisa en dar cumplimiento a las recomendaciones, pues no se trata de invadir atribuciones de investigación penal, sino de exigir que una institución pública atienda, de manera puntual e inmediata, medidas mínimas ya determinadas por el órgano local de derechos humanos, con el objetivo de garantizar reparación, prevenir repetición y evitar que la inacción institucional prolongue el daño y la revictimización.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.