El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y considerando que el plazo actualmente establecido para la regularización dentro del Programa Especial de Energía para el Campo vence el 28 de abril del presente año, valoren la ampliación de dicho término, a efecto de brindar a las y los productores agrícolas condiciones razonables para cumplir con los requisitos técnicos previstos en el referido programa.
Asimismo, se solicita que el proceso de regularización de las instalaciones eléctricas, así como la presentación de los dictámenes emitidos por las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas, se instrumente de manera gradual y progresiva, tomando en consideración la capacidad económica y operativa de los productores, con el propósito de evitar afectaciones a la producción agrícola y garantizar la continuidad de las actividades del sector en el estado de Guanajuato y en el resto del país.
Al hacer uso de la voz, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos manifestó que en los últimos años el campo ha enfrentado múltiples desafíos derivados de factores climáticos, el incremento en los costos de insumos, la volatilidad de los mercados y la disminución de apoyos públicos destinados al fortalecimiento del sector y que dentro de los elementos indispensables para el desarrollo de la actividad agrícola se encuentra el acceso a energía eléctrica a costos accesibles.
El legislador precisó que el Programa Especial de Energía para el Campo ha representado históricamente un instrumento relevante de política pública que permite a los productores contar con tarifas preferenciales de electricidad. Agregó que actualmente se exige un dictamen de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas para conservar el beneficio, con costos que pueden oscilar entre 30 mil y 70 mil pesos, lo que representa una carga considerable para productores pequeños y medianos.
Terán Ramos señaló que a lo anterior se suma que el plazo para cumplir con estos requisitos es limitado frente a los ciclos productivos, la disponibilidad de recursos y la ubicación de muchas comunidades rurales, lo que dificulta la realización oportuna de los trámites y que la eventual pérdida del acceso a la tarifa preferencial eléctrica podría generar un incremento significativo en los costos de producción asociados al riego agrícola, impactando directamente la rentabilidad de los cultivos y la capacidad de los productores para mantener sus actividades.
El diputado concluyó que es pertinente que el Gobierno Federal, a través de instancias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Federal de Electricidad, valore la ampliación del plazo establecido para la regularización dentro del Programa Especial de Energía para el Campo, a fin de permitir que los productores puedan cumplir con los requisitos técnicos sin comprometer su estabilidad económica.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario para su estudio y dictamen.