Quienes integran la Comisión de Asuntos Municipales sesionaron esta tarde y aprobaron dos dictámenes de propuestas de punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de Atarjea, Pénjamo, Jerécuaro, Salvatierra y Tierra Blanca, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen a la brevedad las acciones normativas necesarias para revisar, actualizar y armonizar sus reglamentos en materia de tránsito, movilidad, vialidad, transporte y demás disposiciones relacionadas, a la normativa nacional y estatal vigente; y, en consecuencia, sustituyan cualquier referencia al salario mínimo como base para el cálculo de multas, infracciones o sanciones administrativas por la Unidad de Medida y Actualización, garantizando con ello los principios de supremacía constitucional, legalidad, seguridad jurídica, certeza jurídica y proporcionalidad en beneficio de las personas gobernadas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 

Al hacer uso de la voz, la diputada Plásida Calzada Velázquez señaló que, si bien la Constitución es la ley suprema y la norma debe ser general, no se puede negar que la ciudadanía vive en realidades diversas y enfrenta situaciones de precariedad y vulnerabilidad económica que provocan que las desigualdades afecten con mayor dureza a quienes menos tienen.

 

Asimismo, advirtió que diversas demarcaciones como Atarjea, Pénjamo, Jerécuaro, Salvatierra y Tierra Blanca incumplen con esta directriz, toda vez que sus reglamentos en materia de tránsito, movilidad, vialidad y transporte no se encuentran acordes con el marco jurídico vigente, lo cual redunde en detrimento de los derechos humanos de los gobernados.

 

El segundo para exhortar a la persona titular de la Presidencia Municipal y a las personas integrantes del Ayuntamiento de Guanajuato para que, en un plazo no mayor a quince días, informen sobre el número de permisos vigentes para el ejercicio del comercio en la vía pública, desagregados por clasificación en fijos, semifijos y ambulantes, así como por su temporalidad en ordinarios y eventuales.

 

Asimismo, el padrón actualizado de comerciantes autorizados para ejercer actividades comerciales en la vía pública, en versión pública y con la protección de los datos personales que correspondan; el monto de los ingresos efectivamente recaudados por concepto de derechos derivados del uso, goce, aprovechamiento o explotación de la vía pública para actividades comerciales, desagregado por ejercicio fiscal, tipo de permiso y concepto de cobro, correspondiente a los ejercicios fiscales 2024, 2025 y 2026; y copia de los acuerdos, disposiciones administrativas o determinaciones emitidas por el Ayuntamiento o por las dependencias municipales competentes que tengan relación con la autorización, regularización, control o fiscalización del comercio en la vía pública.

 

En su intervención, la legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia externó que el comercio en la vía pública representa una fuente legítima de ingresos familiares cuya regulación exige sensibilidad social, orden administrativo y certeza jurídica tanto para quienes lo ejercen como para la ciudadanía.

 

Agregó, que es necesario contar con información clara que incluya el número de permisos vigentes, los beneficiarios autorizados, los criterios de otorgamiento y la recaudación obtenida por el aprovechamiento de la vía pública, precisando que no se trata de cuestionar las atribuciones municipales, sino de verificar el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas que marcan los reglamentos del municipio.

 

También se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de dos propuestas legales. La primera un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Irapuato, Patricia Aguilar Gallardo para que realizara una investigación exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en la presentación y aprobación formal del Programa Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito; la presentación tardía e incompleta de los informes trimestrales, así como la omisión en la elaboración de un protocolo de actuación para la intervención de las fuerzas de seguridad en los centros de rehabilitación y riesgos a derechos fundamentales como posible encubrimiento en abuso de autoridad.

 

La segunda, una iniciativa de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a fin de establecer las disposiciones necesarias para la prestación del servicio público de agua sin discriminación y en condiciones de plena igualdad cuando exista escasez.

 

Por su parte, el congresista David Martínez Mendizábal indicó que la propuesta mencionada, al igual que otras sobre escasez hídrica y gestión del agua, forma parte de la agenda común del agua consensuada por las distintas fuerzas políticas, y por ello, manifestó su conformidad con el archivo del expediente, dado que su contenido ya está incorporado en un cúmulo de propuestas más amplio.

 

Mientras que el diputado Juan Carlos Romero Hicks destacó la importancia de que en los boletines y en la comunicación oficial del Congreso quede perfectamente clara la razón de las decisiones tomadas, toda vez que señaló que un error frecuente del Poder Legislativo es informar simplemente que un asunto ha sido archivado sin que la ciudadanía, a menos de que lea el dictamen completo, alcance a comprender los motivos reales de dicha resolución.

 

Otros asuntos

 

Como parte del orden del día se dio cuenta de tres iniciativas de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato que buscan establecer la capacitación obligatoria y periódica de las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres; mejorar la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para regular la operación del transporte de personal y regular y transparentar el otorgamiento de concesiones públicas al cierre de administraciones.

Las tres se remitirán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, al Tribunal de Justicia Administrativa y a los 46 ayuntamientos; la primera, además, a la Procuraduría de los Derechos Humanos; y la tercera al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

 

Además, en seguimiento a las metodologías de análisis de las iniciativas de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato para armonizar la ley municipal en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; y para establecer la paridad de género en la administración pública municipal, además de la adhesión de reglas claras para garantizar la observancia de dicho principio; se acordó realizar una mesa de trabajo interna el próximo 1 de diciembre.

 

Por su parte, se avaló llevar a cabo una mesa de trabajo el 2 de diciembre con las autoridades consultadas para el estudio de las iniciativas que busca modificar la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, para promover que   el Ayuntamiento participe en la designación de las personas titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal; fortalecer la participación ciudadana en la planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de obras, programas y acciones públicas municipales; garantizar la atención psicológica permanente, preventiva, periódica, especializada y confidencial para las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública; y establecer mecanismos que permitan agilizar los procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre las personas y las instituciones públicas, mediante herramientas orientadas a la modernización gubernamental y la mejora regulatoria.

 

También, se aprobó solicitar información con relación al punto de acuerdo para exhortar al Presidente Municipal de Celaya, a efecto de que informe al Ayuntamiento y a la ciudadanía si se ha realizado el estudio que sustente la eventual extinción de organismos descentralizados; que precise el procedimiento seguido para la contratación de dichos servicios, incluyendo sus alcances, criterios y condiciones, y que haga público, en su caso, el dictamen técnico correspondiente de manera íntegra y detallada.

 

En asuntos generales, el diputado Juan Carlos Romero Hicks reflexionó sobre los trabajos legislativos de la comisión y sugirió dar atención prioritaria a los temas ya procesados por otras instancias para evitar rezagos, además de proponer la realización de mesas técnicas para ordenar los pendientes y subrayó la necesidad de equilibrar el análisis entre iniciativas y puntos de acuerdo para tomar las mejores decisiones institucionales.

 

En la sesión estuvieron presentes las personas diputadas Ernesto Millán Soberanes (presidente), Juan Carlos Romero Hicks, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Plásida Calzada Velázquez y Aldo Iván Márquez Becerra. También se contó con la asistencia del diputado David Martínez Mendizábal, en calidad de invitado.