El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para incorporar como delito el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de material pornográfico a personas menores de 18 años o que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.
Al presentar la propuesta, el legislador señaló que el Estado de Guanajuato tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Bajo el principio del interés superior de la niñez, consideró que la protección penal no debe limitarse a sancionar el abuso físico o la explotación sexual comercial, sino extenderse al desarrollo social y psicológico de las personas menores de edad frente a estímulos externos nocivos.
Contreras Guerrero expuso que el acceso a materiales de contenido sexual explícito es cada vez más sencillo debido a la masificación de los dispositivos móviles, la hiperconectividad digital y la ausencia de filtros efectivos de verificación de edad en internet. En ese sentido, señaló que, aunque la legislación estatal sanciona a quien utiliza a una persona menor de edad para producir pornografía, no contempla una figura penal específica para castigar a quien la expone o induce al consumo de ese material.
El congresista manifestó que, de acuerdo con el informe [Des]información sexual: pornografía y adolescencia, de Save the Children, el primer contacto con la pornografía ocurre, en promedio, a los 12 años; además, advirtió que para el 30 por ciento de los menores ese tipo de contenido constituye su única fuente de aprendizaje sexual, situación que puede propiciar la normalización de conductas de riesgo y relaciones basadas en la desigualdad.
Contreras Guerrero explicó que la exposición de menores a material pornográfico puede formar parte de estrategias de captación y manipulación sexual conocidas como grooming, mediante las cuales personas agresoras utilizan redes sociales, videojuegos y plataformas digitales para establecer contacto con posibles víctimas, ganar su confianza y posteriormente inducirlas a compartir imágenes o videos de contenido íntimo.
Argumentó que el bien jurídico que se busca proteger no es únicamente la libertad sexual, sino el derecho de niñas, niños y adolescentes a un desarrollo psicosexual sano y libre de violencia. Añadió que la exposición prematura a contenidos pornográficos puede generar afectaciones emocionales, distorsionar la percepción de la sexualidad y dificultar la construcción de relaciones interpersonales basadas en el respeto.
Asimismo, comentó que 14 entidades del país ya contemplan disposiciones para sancionar conductas relacionadas con la distribución o exposición de material pornográfico a menores de edad, por lo que consideró necesario homologar la legislación de Guanajuato y cerrar la laguna jurídica existente en la materia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
