Guanajuato, Gto., a 1 de octubre de 2020.- A nombre del Grupo
Parlamentario del PAN, la diputada Noemí Márquez Márquez, presentó la iniciativa
para crear una nueva Ley de Convivencia Escolar Pacífica en el Estado de
Guanajuato, con el propósito de que la promoción de la cultura de la paz en la
comunidad educativa se traduzca en políticas públicas para favorecer la
convivencia escolar pacífica.
Esto, sumando la participación de instituciones públicas federales, estatales y
municipales, académicas, organizaciones sindicales, de la sociedad civil,
asociaciones de padres de familia y la comunidad educativa.
La legisladora puntualizó que esta nueva Ley reemplazará a la Ley para una
Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato
y sus municipios, ampliando los alcances jurídicos de las autoridades y de la
sociedad en el esfuerzo permanente para garantizar que todas las escuelas de
nuestro estado sean espacios de armonía para el aprendizaje.
“Proponemos lograrlo estableciendo de forma contundente que la institución
educativa tiene bajo su cuidado a los educandos, y, por lo tanto, también debe
asumir, sin cortapisa ni pretexto, la obligación de protegerlos contra toda forma de
perjuicio, discriminación, descuido, trato negligente o violencia escolar; además de
establecerán medidas de protección y propiciar las condiciones idóneas para crear
un ambiente de convivencia pacífica en el que se respeten sus derechos
humanos”, refirió.
Destacó además que, con esta reforma, se fortalece el modelo de convivencia
escolar pacífica, el cual será elaborado por el Consejo Estatal de Convivencia,
tomando en cuenta tres niveles de intervención: en materia de prácticas
pedagógicas y de gestión, de resolución de los conflictos y de contención.
También se fortalece el papel del interés superior de la niñez, en reemplazo del
“interés superior del menor” contemplado en la ley actual, actualizándolo como
uno de los principios rectores y como uno de los elementos básicos a considerar al
atender, investigar y resolver las denuncias de casos de presunto acoso escolar,
maltrato escolar, así como de violencia esporádica grave.
Precisó que en la iniciativa se contempla dejar claro que no todo acto de violencia
en el entorno escolar es un conflicto que pueda resolverse internamente. Cuando
estos lleguen al nivel de constituir un probable delito, la autoridad escolar deberá
avisar a los padres o tutores y dar vista a la Fiscalía General del Estado, y los
protocolos de actuación también habrán de especificar que, en el caso de delitos,
el esclarecimiento de los hechos corresponde a la Fiscalía General del Estado.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y
Cultura para su estudio y análisis.