Guanajuato, Gto., a 22 de enero de 2021.- La diputada Lorena Alfaro García habló a favor del dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, que fue aprobada por el Pleno del Congreso local, a fin de disminuir el número de votos que se requieren en el ayuntamiento para aprobar las disposiciones administrativas para el cobro de productos y aprovechamientos.

Impulsora de esta reforma a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que así “se procura y refuerza el principio de certeza jurídica en beneficio del ciudadano, pues cualquier concepto distinto al de productos y aprovechamientos que pretendan realizar los ayuntamientos sustentado en disposiciones administrativas, estará viciado de origen y podrá ser impugnado por el ciudadano con todas las probabilidades de echar abajo el cobro”.  Resaltó que además se fortalecen las finanzas públicas municipales con la finalidad de prestar cada vez más y mejores servicios públicos en favor de la ciudadanía.

La legisladora explicó que las disposiciones administrativas relativas a productos y aprovechamientos son normas municipales que se utilizan para cobrar multas y recargos, así como para establecer los montos que cobrará el gobierno municipal cuando actúe en la esfera del derecho privado, un ejemplo, cuando rente algún inmueble propiedad del municipio a un particular.

Refirió que estas disposiciones, en algunos municipios, no han sido actualizadas desde hace más de 3 años por falta de concesos al interior de los ayuntamientos, lo cual perjudica el beneficio general, pues dichos conceptos de cobro dejan de actualizarse conforme a factores económicos, lo que trae como consecuencia última, el deterioro de la hacienda pública y la pérdida de las capacidades financieras de los municipios para prestar servicios públicos de una mejor manera.  Alfaro García dejó claro que las disposiciones administrativas que emitan los ayuntamientos no deberán comprender ingresos diferentes a productos o aprovechamientos.

Finalmente, resaltó que esta reforma da pauta para impulsar temas a incluir en la Junta de Enlace en Materia Financiera, para precisar los límites de la facultad reglamentaria de los ayuntamientos en lo que respecta a contribuciones, y seguir impulsando la profesionalización de las haciendas públicas municipales.