Las posibles deportaciones masivas de Estados Unidos, derivadas de políticas establecidas por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, plantean un panorama preocupante a nivel social y económico para México y el estado de Guanajuato, así lo informó el Dr. Alejandro Mosiño Jasso, Director del Departamento de Economía y Finanzas de la División de Ciencias Económicas Administrativas (DCEA) de la Universidad de Guanajuato (UG).
El Doctor en Ciencias Económicas resaltó que uno de los principales retos derivado de las deportaciones será la reducción de las remesas, las cuales constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Se trata de aportaciones económicas que sostienen a millones de familias mexicanas, y que dinamizan los mercados locales, que tienen efectos multiplicadores en comunidades enteras.
Explicó que la disminución de las remesas afectaría directamente a familias que dependen de este ingreso para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación. Además, impactaría a negocios locales como tiendas, mercados y servicios médicos, que se benefician de este flujo económico.
Por otro lado, el investigador señaló que la incorporación de miles de personas deportadas al mercado laboral mexicano representaría un reto significativo: “En un país con altos niveles de informalidad y empleo precario, la llegada masiva de trabajadores incrementaría la competencia, presionando aún más el desempleo y los salarios”.
“Estados como Guanajuato, se podrían ver afectados por este fenómeno. Adicionalmente, México podría enfrentar la complejidad de recibir a deportados no mexicanos. Este grupo, muchas veces sin redes de apoyo ni recursos, incrementaría la presión sobre los servicios sociales y económicos del país”, advirtió el Dr. Mosiño Jasso.
Aunque el impacto de estas medidas podría ser mitigado si se implementan de manera gradual, consideró que la falta de estrategias de reintegración laboral y social para las y los deportados podría transformar este desafío en un problema estructural, ya que las autoridades mexicanas deberán priorizar políticas que fortalezcan la economía local y faciliten la reintegración de los migrantes, especialmente en estados como Guanajuato.