Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en materia de combate a la corrupción e impunidad.
Francisco Escamilla, asesor del grupo parlamentario de MORENA, habló sobre los alcances de la propuesta y precisó que se buscaba dar peso a las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para hacerlas vinculantes y ampliar el plazo de 15 días hábiles que actualmente tienen las autoridades a quienes se dirigen las recomendaciones para dar respuesta a las mismas, hasta los 20 días hábiles.
También, dijo, se propone la creación de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica dentro de la estructura de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; así como incorporar a los titulares de la propuesta Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y del Servicio de Administración Tributaria del Estado al Sistema Estatal Anticorrupción.
El magistrado Roberto Ávila García apuntó que eran sensibles a la intención de la propuesta, pero consideraban que el acentuar el punto de la fiscalización de recursos dentro del Comité Coordinador tenía beneficios para lograr los objetivos del sistema, sin embargo, en cuanto a la ubicación de la Unidad de Inteligencia indicó que era importante considerar las herramientas que se doten a la misma.
Elizabeth Durán Isaías, directora general Jurídica de la Fiscalía General, manifestó que el traslado de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica no sería posible por las atribuciones que tiene; que el establecer las recomendaciones vinculantes no era conveniente porque se trastocaba la naturaleza de las mismas y que se apartaría del modelo nacional. Agregó que lo que se requería era un fortalecimiento de las herramientas que las instituciones tienen a su cargo.
Los comentarios en la mesa versaron sobre una posible sobrerrepresentación; la importancia de que dicha unidad estuviera en un ente autónomo y no en el Ejecutivo estatal; que el ingreso de más autoridades al Comité Coordinador diluía la participación ciudadana; que hacer las recomendaciones vinculatorias trastocaría la naturaleza jurídica de éstas; entre otras.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que, con base en los señalamientos emitidos por todas las voces, las recomendaciones no podían ser vinculantes, por lo que la propuesta resultaba inviable, ya que trastocaba la naturaleza jurídica de las mismas. Asimismo, enlistó otros comentarios que sustentaban la dictaminación en sentido negativo de la propuesta, por lo que instruyó la elaboración del proyecto de dictamen.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Briseida Anabel Magdaleno González; así como asesores de los grupos parlamentarios del PAN, MORENA, PRI y PVEM.
Además, participaron representantes del Poder Judicial, de la Coordinación General Jurídica, de la Fiscalía General, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Universidad de Guanajuato, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del Estado, del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información Pública y del Instituto de Investigaciones Legislativas.