Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, que proponía reconocer la autonomía reproductiva como uno de los principios de la ley.
Como autora del dictamen, hizo uso de la tribuna la congresista Susana Bermúdez Cano, quien manifestó que las personas legisladoras locales carecen de competencia para modificar los principios rectores previstos en la Ley General, por lo que la iniciativa se aparta de los principios rectores al proponer un nuevo principio relativo a la autonomía reproductiva.
Agregó que los derechos reproductivos conllevan también a trabajar por una sociedad donde las mujeres no se vean orilladas a tomar decisiones desde la desesperación o la falta de opciones, sino que se debe trabajar en impulsar políticas públicas que prevengan embarazos no deseados, que combatan la violencia sexual y que promuevan una cultura de corresponsabilidad entre hombre y mujeres en el estado.
Finalmente, la legisladora aseguró que el aborto no debe ser considerado como un componente esencial de los derechos reproductivos, defender los derechos reproductivos sin promover el aborto si es posible al ser el camino más humano y responsable, en el que debe prevalecer la incidencia en las políticas públicas que garanticen el acceso a una vida libre de violencia, promuevan su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida.
La legisladora Maribel Aguilar González se pronunció en contra del dictamen. Apuntó que hoy el Congreso del Estado tenía frente a sí la posibilidad histórica de romper con décadas de injusticia, de discriminación y de violencia institucional hacia las mujeres.
Resaltó que estaban ante la posibilidad de dar un paso fundamental para que las mujeres en la entidad sean reconocidas como ciudadanas plenas, con derechos sobre sus cuerpos, sus decisiones y sus proyectos de vida.
Aguilar González recordó la propuesta legal proponía una reforma integral, sustentada en derechos humanos, en ciencia, en justicia social y en jurisprudencia constitucional.
Remarcó que, el aborto existe, con o sin leyes que lo penalicen y que lo que cambiaba era si se hace en condiciones seguras o en clandestinidad, para finalizar al señalar que, la ciencia no se guía por dogmas, se guía por evidencia, por racionalidad, por derechos y que los derechos no deben estar sujetos a la moral religiosa de nadie.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Ana María Esquivel Arrona comentó que a través de la legislación se implementan acciones encaminadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias, con el firme propósito de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de todas y todos los guanajuatenses.
Agregó que, bajo la lógica de distribución de competencias, cualquier intención de modificación por parte del legislador local a temas de carácter general resultará contraria a dicha distribución que se establecen en la Constitución Federal, lo que ocurre con el dictamen que hoy se pone a consideración de la Asamblea.
La congresista precisó que muchas de las causas propuestas corren el riesgo de perder legitimidad cuando se intentan sostener en procedimientos que resulten carentes de fundamentación legal y que ningún derecho se fortalece cuando se corre el riesgo de transgredir el propio marco normativo que lo sustenta.
Finalmente, indicó que se deber actuar con inteligencia jurídica, con sobriedad institucional y con auténtico sentido de responsabilidad social, siempre dentro de los límites que la Constitución y las leyes, porque la falta de atención a los principios de normativas generales expone a cualquier reforma a la fragilidad jurídica.
Por su parte, la congresista Plásida Calzada Velázquez, quien habló en contra, indicó que como legisladores tenían que dejar de lado la subjetividad y apegarse a lo que hoy es una realidad jurídica en el país, porque desde 2007 a la fecha eran varias las entidades federativas que han despenalizado el aborto.
Además, precisó que hay jurisprudencias en donde se indica que la criminalización del aborto era inconstitucional y detalló lo relativo a la libertad reproductiva, así como el derecho de toda persona a decidir de manera libre e informada sobre el espaciamiento de los hijos lo que, dijo, implica el derecho a la autonomía reproductiva.
Afirmó que el citado derecho incluía la elección y libre acceso a todas las formas de anticoncepción, a las técnicas de reproducción asistida y a la eventual interrupción del embarazo.
Concluyó al enfatizar que debían hacer lo que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los obliga y tenían la obligación, por mandato constitucional, de garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano sea parte.
También en contra, intervino la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco, quien señaló que en caso de aprobarse el dictamen se perderá la oportunidad de saldar la deuda histórica que el Estado de Guanajuato tiene con las mujeres y, con ello, se desperdiciará la opción de una evolución, actualización y contar con un marco jurídico acorde con los derechos humanos que proteja la salud y vida de las mujeres y personas gestantes.
Agregó que, seguir penalizando el aborto voluntario y criminalizando a las mujeres por su derecho a decidir no detendrá los abortos, porque la realidad es que en Guanajuato se tienen casos y se seguirán viendo porque hay personas que a pesar de las restricciones tomarán la decisión de optar por abortar y que la penalización determinará si se hace de forma segura o no.
También aseguró que estar en contra de la despenalización del aborto voluntario es ir en contra de la vida digna y plena de las mujeres, además de que se perpetúa el estereotipo de género relativo a que las mujeres solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y que se deben de continuar con embarazos aún en contra de la voluntad y estilo de vida de mujeres que se les impone la maternidad como un destino para todas.
Finalmente, aseguró que mientras no se logre la despenalización desde el Código Penal las mujeres seguirán siendo denunciadas y sometidas a procesos judiciales para determinar si su aborto se realizó en condiciones legales, toda vez que existen 17 carpetas de investigación en contra de mujeres por presuntamente haber provocado su propio aborto, asimismo que la tasa de embarazos en mujeres de 10 y 17 años incrementó un 29.4%.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, por lo que se instruyó el archivo definitivo de la propuesta.