El Pleno del Congreso de la 66 Legislatura aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado cuyo objeto es garantizar el derecho humano al acceso a la información y promover la transparencia y rendición de cuentas.
Se establece que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; que no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o con delitos de lesa humanidad y que ninguna persona podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información; que la información pública regulada deberá ser veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo.
Además, se precisan los principios rectores de las autoridades garantes; que se contará con un subsistema de transparencia de Guanajuato; que las autoridades garantes emitirán política de transparencia con sentido social; se precisa que el plazo de respuesta no podrá exceder de cinco días contados a partir del día siguiente a la presentación y en caso excepcional podrá ampliarse hasta por tres días más, entre otros aspectos.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks refirió que un estado moderno debe fundamentarse en la transparencia y rendición de cuentas, la distribución de competencias, el acceso a la información, la transparencia proactiva y la protección de datos personales.
Asimismo, criticó la reforma actual al señalar que lejos de representar una simplificación administrativa, disuelve la responsabilidad al desaparecer el órgano autónomo garante de transparencia, rendición de cuentas y protección a datos personales, que fragmenta el sistema y complica el ejercicio de los derechos ciudadanos al no quedar claro ante qué instancia presentar los recursos de revisión.
El legislador recordó que la armonización local actual enfrenta una regresión centralista que desatiende el principio de subsidiariedad, junto a precisar que los retos inmediatos incluyen la transición ante la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública, la reconfiguración de las responsabilidades de los sujetos obligados y la revisión profunda del sistema anticorrupción, especialmente en materia de adquisiciones y obra pública.
Finalmente, dijo que sin acceso a la información y transparencia es imposible identificar malas prácticas, no se gestionan eficazmente los recursos públicos y se evita el fomento de la denuncia ciudadana.
Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza se pronunció en contra, al subrayar que existe una regresión de por lo menos tres décadas y que se estaba caminando hacia atrás en el caso de la transparencia.
Precisó que el principio básico de toda República era conocer las decisiones del gobierno, dónde y cómo se gasta el recurso desde el gasto más sencillo hasta el más oneroso. González Zaragoza cuestionó lo que ahora tendrá que hacer el ciudadano para acceder a la información que debe ser pública y de fácil acceso.
Dijo que ahora tendrá el ciudadano que ir a pelear a la Contraloría de su municipio y le van a negar la información, se tardará días y será desgastante, lo que era una regresión a 1970, y ahí se quedaría el tema porque la población lo que más cuestiona es en qué se gasta el dinero.
Argumentó que ahora, bajo el pretexto de la consolidación y simplificación administrativa, los regresaban en una cápsula del tiempo décadas, un retroceso y que su partido no estaba de acuerdo porque sin transparencia no había democracia.
El dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad de votos y se presentaron dos abstenciones.
La diputada Martha Edith Moreno Valencia solicitó reservar el artículo 34, fracción IX para quedar de la siguiente manera: Suscribir convenios de colaboración con la autoridad garante federal y con otras autoridades garantes, para el cumplimiento de sus atribuciones, la coordinación interinstitucional y la promoción de mejores prácticas en la materia, de acuerdo con el marco jurídico que los rige. La reserva fue aprobada.
Asimismo, presentó una reserva a los artículos 5 y 109 con el fin de homologar los supuestos normativos y evitar lagunas legales que permitan clasificaciones indebidas, al establecer que no podrá clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, actos de corrupción debidamente acreditados o se contravenga los principios de máxima transparencia. La propuesta no fue aprobada.
Finalmente, pidió reservar el cuarto artículo transitorio con el objetivo de garantizar una transición administrativa ordenada y respetuosa de los derechos laborales ante la reestructuración institucional, así como optimizar el uso de recursos públicos, evitar la duplicidad de funciones y asegurar la estabilidad de las personas servidoras públicas, garantizando la continuidad de los servicios gubernamentales conforme a los principios de legalidad y eficiencia. La reserva no fue aprobada.