En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó cuatro Minutas Proyecto de Decreto por las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, vivienda para las personas trabajadoras, de reforma del Poder Judicial y de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal.
Las dos primeras en sentido positivo y las otras dos en sentido negativo.
Bienestar
La diputada Yesenia Rojas Cervantes hizo uso de la voz para hablar a favor de la minuta en materia de bienestar y habló de lo que significa ser parte de un grupo en estado de vulnerabilidad.
Señaló que vivir en vulnerabilidad no es solo una cuestión de carencias materiales, sino también de limitaciones para ser escuchado y tomado en cuenta en decisiones que afectan directamente la vida cotidiana.
Afirmó que enfrentar la vulnerabilidad requiere cambios que garanticen que todas y todos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse y prosperar, sin importar sus circunstancias de origen, y dijo que con esta reforma se avanza en la ruta para combatir las condiciones que enfrentan personas con discapacidad, para promover acciones que mejoren la vida de la gente del campo, para la protección de pescadores, así como asegurar el derecho a la vivienda.
Por su parte, el congresista Ernesto Millán Soberanes expresó que la reforma puesta a discusión conlleva a poner como base los principios de universalidad y progresividad, procurar la igualdad y los apoyos para el bienestar social, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, la entrega de una pensión a las personas con discapacidad menores de 65 años, la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad menores de 18 años, derechos a las personas adultas mayores de 65 años a recibir una pensión y el un seguro permanente a campesinos.
Reveló que la importancia de la reforma es que los derechos mencionados ya serán obligatorios y no se tendrá que recurrir a la firma de convenios que en la administración pasada no fueron cumplidos, al igual que representa un avance en los derechos humanos de todos los sectores de la población por revindicar los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y personas campesinas.
Vivienda para las personas trabajadoras
En lo que respecta a la minuta en materia de vivienda para las personas trabajadoras, el diputado Juan Carlos Romero Hicks mencionó que ese es un derecho humano y que se reconoce a nivel internacional de esa manera, además de estar clasificado como un derecho de segunda generación.
Agregó, que se protege la necesidad fundamental que requiere toda persona para vivir con dignidad, y se van a establecer esquemas para que las personas puedan arrendarla o adquirirla, así como implementar un programa para reducir costos.
El congresista apuntó que hay un porcentaje alto de déficit de viviendas y que el 23.4% de las viviendas son arrendadas, por lo que se proyecta una construcción de 2 millones de viviendas a nivel nacional, mientras que en la entidad se proyectan 22 mil. Finalizó que hoy se busca tener una realidad distinta, más allá de utopías.
En su intervención, la legisladora Luz Itzel Mendo González refirió que de acuerdo con cifras del CONEVAL en el 2022 alrededor de 387 mil personas tenían diferentes tipos de carencias en su vivienda, en las que imperaba la mala calidad del uso de los materiales que tenía afectaciones directas a la salud, el bienestar y el desarrollo de las personas por aumentar los riesgos de enfermedades y accidentes en el hogar.
La legisladora comentó que la reforma puesta a discusión se traduce a uno de los pasos necesarios para erradicar las desigualdades sociales por poder acceder y tener una casa propia en condiciones dignas, además de que se cuenta con nuevos tipos de enfoques en los que sobresale el arrendamiento social que permitirá a los trabajadores rentar un espacio y eventualmente adquirir una propiedad, así como un enfoque de género que permita a las mujeres trabajadoras mejores oportunidades para el acceso de una vivienda digna.
Finalmente, externó que es fundamental que se garantice desde las leyes locales los parámetros básicos para el acceso a una vivienda digna que cuente con servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado, así como estándares de construcción que obliguen a los constructores a cumplir con normas técnicas rigurosas en cada etapa de la construcción.
Reforma del Poder Judicial
Sobre la reforma del Poder Judicial habló como autor del dictamen el congresista Juan Carlos Romero Hicks; mientras que a favor se pronunciaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, María del Pilar Gómez Enríquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como el diputado José Erandi Bermúdez Méndez.
Romero Hicks comentó que la reforma en comento ya fue publicada y su reglamentación está en el Congreso de la Unión. Asimismo, refirió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido muchas modificaciones, a diferencia de la de otros países.
Apuntó que no se escuchó realmente a la población y que creían que de todos los poderes el que debe estar alejado de partido es el Judicial. Añadió que se reducen ministros de la corte, se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, se crea un nuevo órgano de administración, se eliminan la salas de la Suprema Corte de Justicia, se crea un Tribunal, entre otros aspectos, pero que todo ya estaba en marcha.
También habló sobre la forma de elección, a través de tómbola y cómo se afecto la vida de muchas personas, además de subrayar que fue una destrucción constitucional que atenta contra la división de poderes, vulnera la independencia e imparcialidad judicial.
Finalmente, la reforma trajo consigo la vulneración de derechos, trastocó derechos adquiridos, y la respuesta ante su arbitrariedad se ha hecho visible a través de los más de 673 juicios de amparo que ha recibido este Congreso local contra la reforma.
En su intervención, la congresista Susana Bermúdez Cano expresó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la reforma al Poder Judicial es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, debido a que la independencia judicial en México ya no existe.
Agregó, que la reforma al Poder Judicial hace realidad las amenazas de un régimen que pone en peligro el equilibrio de los poderes de México y que es el inicio de un autoritarismo que no busca justicia ni democracia por solo buscar el control total, el sometimiento y las decisiones en la cabeza del Poder Ejecutivo.
Finalmente, aseguró que alinear la administración judicial con los intereses del gobierno, se erosiona la capacidad del Poder Judicial para actuar como un contrapeso efectivo y proteger los derechos constitucionales de millones de mexicanas y mexicanos.
En su oportunidad, la legisladora María del Pilar Gómez Enríquez mencionó que, la independencia judicial es una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes en la elaboración o revisión de las resoluciones de litigios sometidos a su conocimiento, y que de esa forma, la independencia judicial radica en el principio de división de poderes.
Habló de los objetivos de la separación de los poderes públicos y subrayó que, la independencia judicial se creó como una garantía instaurada para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales
Gómez Enríquez puntualizó que la minuta en comento es regresiva en materia de derechos humanos, pues elimina las garantías de independencia judicial y del derecho humano al juez o tribunal independiente como pilares básicos de las garantías judiciales de acceso a la justicia y del debido proceso.
Por su parte, el legislador José Erandi Bermúdez Méndez indicó que se sometió a una tómbola el destino de diversas personas sin que importe su trayectoria académica, profesional, tampoco su antigüedad ni su entrega institucional, donde personas íntegras que no tengan demasiada popularidad no continuarán como garantes de justicia.
Asimismo, mencionó que el Poder Judicial sí necesita una reforma integral pero no la que se propone porque los argumentos se basan en cumplir un régimen autoritario que atenta contra un Poder Judicial independiente y contra su funcionamiento por la forma en que se podrán adquirir los recursos para las campañas.
Finalmente, Bermúdez Méndez mencionó que se tiene la preocupación de los casos de corrupción que se podrían originar por la forma del proceso de elección, además de que existen mayores problemáticas las cuales no se podrán solventar con las modificaciones propuestas debido a que los delitos del fuero común son más comunes que los delitos del fuero federal, por lo que no se tendrá una intervención oportuna en materia de justicia.
El debate continuó e intervinieron los legisladores David Martínez Mendizábal, José Erandi Bermúdez Méndez y la congresista Susana Bermúdez Cano.
Finalmente, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia manifestó que cuando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se unen no pude haber libertad, porque se pueden llevar acciones de manera tiránica.
Agregó que la reforma constitucional en comento ha apelado al pueblo y a un discurso democrático para llevarla a cabo, sin embargo, está encubierta hacia la transición de algo que puede ser todo menos una democracia, más bien una tiranía.
La legisladora resaltó la importancia de que el Poder Judicial tenga total independencia de los otros dos poderes y enfatizó su no a la reforma judicial y el sí a la protección de las instituciones.
En rectificación de hechos, la congresista María Eugenia García Oliveros cuestionó dónde estaba la preocupación por el Poder Judicial cuando se convirtió en un bastón de privilegios, un espacio donde los amparos eran moneda de cambio para proteger intereses particulares y los derechos de la mayoría quedaban relegados a un segundo plano.
Inimpugnabilidad
Como autor del dictamen, hizo uso de la tribuna el diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien resaltó que la reforma judicial representa un momento en el que el Poder Ejecutivo Federal desacata órdenes judiciales de manera sistemática bajo un argumento falaz de supremacía constitucional que violenta la misma Constitución, permite acciones retroactivas y vulnera el derecho de amparo.
Manifestó que se está bajo un estado de indefensión, sin reflexión, sin análisis por cambios importantes que reinterpretan aspectos como derechos humanos y el juicio de amparo y se atenta contra la división de poderes y el derecho de la minoría de un Congreso por múltiples contradicciones internas.
Finalmente, indicó que hay dos límites en el Poder constituyente y el poder reformador de la Constitución que son los derechos humanos y la división de poderes, mismos que se están vulnerando toda vez que el amparo sirve para proteger a la persona frente a actos abusivos de la autoridad, pero que los cambios lo han desaparecido.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la voz el diputado Aldo Iván Márquez Becerra y las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla y Angélica Casillas Martínez.
En su intervención, el congresista Aldo Iván Márquez Becerra precisó que creían que la justicia y la defensa de la democracia son principios irrenunciables, por lo que se pronunciaban con absoluta firmeza en contra de la citada reforma que, dijo, representa un ataque directo contra el Estado de Derecho y la independencia de los poderes.
Subrayó que la reforma es un retroceso en derechos humanos que contraviene los compromisos internacionales de México y rompe con el principio de justicia accesible para todos y todas.
Agregó que lo que se estaba planteando es que, frente a cualquier ocurrencia en materia de reformas constitucionales, no haya ninguna defensa, ya que se tapa la vía del amparo, se bloquea la vía de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales y prácticamente cualquiera aprobación.
Finalmente, indicó que cada paso hacia la ininpugnabilidad de las reformas constitucionales es un paso hacia el autoritarismo.
En su oportunidad, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla señaló que esta reforma impediría que los ciudadanos se defiendan, que está en riesgo la democracia y la pluralidad. Remarcó que su pronunciamiento era para dejar constancia y registro en la historia de Guanajuato y de México, de la postura absolutamente en contra de esta reforma constitucional.
Apuntó que era un retroceso para el Derecho Mexicano, se retrocedía en materia de derechos humanos y ahora se está supeditado al arbitrio del legislador federal, pues cualquier disposición que atente contra la persona, libertades, propiedades o posesiones, con el sólo hecho de establecerlas en la Constitución, la convierte en inatacable.
Ortiz Mantilla remarcó que la reforma es extrema, las personas han quedado en absoluto estado de indefensión y de incertidumbre jurídica, dijo. Añadió que mientras el partido en el poder positiviza y eleva a rango constitucional acciones de política pública para convertirlos en derechos constitucionales, por otro suprime y aniquila los medios de defensa que tienen las personas en contra de un acto arbitrario del legislador.
“La reforma quebranta los contrapesos que deben existir entre los Poderes de la Unión, pues ante el exceso de Poder del Legislativo, estaba el Poder Judicial, a fin de evitar que las normas trastocarán a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales, hoy con la reforma, el Poder Legislativo Federal tiene supremacía absoluta”, finalizó la legisladora.
La legisladora Angélica Casillas Martínez comentó que la Constitución basada en principios será suprema porque protege los derechos fundamentales como reconocimiento a la naturaleza humana y sus postulados necesariamente buscarán la protección de la dignidad de la persona.
Detalló que, la Minuta inobserva esas directrices y establece dos reglas dentro de la Constitución; la primera, relativa a la no procedencia de los mecanismos de control de constitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución y la segunda, que versa sobre la relatividad de las sentencias de amparo.
“Los convoco a votar a favor del dictamen, como una muestra de congruencia en defensa de la justicia y la democracia. No le neguemos a la ciudadanía la posibilidad de acceder a la justicia frente a la arbitrariedad del Estado”, finalizó Casillas Martínez.
Finalmente, la diputada Rocío Cervantes Barba precisó que la minuta de reforma constitucional irrumpe en el sistema de control constitucional que protegía los derechos fundamentales, porque ahora textualmente la Constitución federal establece que son improcedentes los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esa Constitución.
Manifestó que todo ello argumentando que son cuestiones que, establecía ya la Ley de Amparo, sin embargo, lo que estaban haciendo era cerrar la puerta de tajo a la revisión de las reformas constitucionales que, a través de esos medios de control constitucional, realizaban los juzgadores del país, siempre en defensa de la Constitución.